Louzán, en manos del juez de la amnistía a Puigdemont
El Supremo estudia este miércoles el recurso del presidente de la Federación contra la condena a siete años de inhabilitación por prevaricar y la Fiscalía pide que “se ratifique en su totalidad”.
La Sala Segunda del Supremo estudia este miércoles (10:30 horas) el recurso de Rafael Louzán contra la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que le condenó en 2022 a siete años de inhabilitación por prevaricación. En el Tribunal está el magistrado Pablo Llarena, instructor de la ‘causa del Procés’ y juez que le negó la amnistía a Puigdemont. También figura el magistrado Julián Sánchez Melgar, el último Fiscal General del Estado nombrado por Mariano Rajoy, excompañero de partido (PP) y amigo del hoy presidente de la Federación.
El recurso de Louzán (con número de registro 0004249 según la documentación en poder de este periódico) fue presentado el 28 de noviembre pasado como paso previo a presentar su candidatura a la Federación (RFEF) y no pinta bien ya que la Fiscalía ha reclamado este mismo martes a la sala de lo penal “que ratifique en su totalidad la condena al recurrente ya que constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación”.
Dice el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que Louzán y el resto de condenados se concertaron para otorgar a la empresa que ya había realizado los primeros trabajos un nuevo contrato de obras que en parte ya estaban ejecutadas “con una simulación absoluta de aparentar ajustarse a un procedimiento legal, incluso simulando la participación de terceras empresas”. En la sentencia de la Audiencia de Pontevedra se señala que Louzán, siendo presidente de la Federación de Galicia, votó a favor del acuerdo para conceder la subvención a la empresa “a sabiendas de que era ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la administración”.
Louzán, que fue elegido presidente de la RFEF el pasado 16 de diciembre, ha convocado una Asamblea para el próximo día 10 con el objetivo de modificar los estatutos de la Federación, pero el Consejo Superior de Deportes (CSD), que está atento a la jugada, tiene la potestad de validar o no cualquier modificación estatutaria. Para el CSD, la salida de Louzán de la presidencia de la RFEF deberá ser urgente si el Supremo, como reclama la Fiscalía, ratifica la condena ya que el artículo 60.6 de la Ley del Deporte es taxativo: “Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes”. “Es muy difícil de explicar y de entender que un condenado por prevaricar, como el señor Louzán, sea el presidente de la Federación Española de Fútbol”, dijo hace unos días la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Si finalmente el recurso de Louzán no prospera habrá que convocar nuevas elecciones a la presidencia de la RFEF, las quintas en menos de un año. En este escenario serían de nuevo los barones territoriales los que tendrían la sartén por el mango y la jugada ya preparada: nombrar y apoyar como candidato a Sergio Merchán, exsecretario de la Federación Extremeña con Pedro Rocha, y mantener a Louzán dentro de la estructura, sin rango pero con mando. Eso o esperar al plan que presente Javier Tebas, actual vicepresidente de la RFEF, quien aspira a extender hasta Las Rozas el poder que ya tiene como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. En el primero de los escenarios intervendría el CSD, que no quiere a Louzán a sueldo de la Federación. En el segundo podría hacerlo también ya que el Tribunal Administrativo del Deporte, órgano adscrito al CSD, mantiene el foco sobre el dirigente de LaLiga.
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