La Fiscalía Anticorrupción archiva el caso del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato de mascarillas suscrito durante la pandemia por la Comunidad debido a “la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales”.

Tres meses después de que Anticorrupción abriese diligencias, el organismo liderado por Alejandro Luzón explica que no hay tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude ni falsedad documental. La decisión de Anticorrupción no afecta a la investigación que todavía mantiene la Fiscalía Europea sobre el mismo caso.

Anticorrupción cierra el caso porque cree que hasta día de hoy la investigación “no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS -el Servicio Madrileño de Salud- o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET”. La Fiscalía no considera que el procedimiento para adjudicar las 250.000 mascarillas siguiera un trámite diferente al que marca la ley ni que se le diera un trato de favor.

El trato de favores “no resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso”

La Fiscalía tampoco cree que Tomás Díaz Ayuso “aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos” y que el procedimiento de la facturación, el pago y el cobro de la comisión fue “transparente”. Tomás, “en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real”, indica el decreto firmado por Luzón.

Respecto a Isabel Díaz Ayuso, Luzón dicta que “no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”. El decreto indica que para que la empresa “estuviera incursa en la prohibición de contratar” al hermano de Ayuso, este “tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

“No resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso porque no ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. Solo tiene en algunos contratos de tramitación ordinaria la facultad de autorizar o aprobar su tramitación con carácter previo, por encima de determinados umbrales de precio máximo de licitación que, en el supuesto investigado, no se han superado”, aclara Anticorrupción.

“Nunca he tomado una decisión para ayudar a un familiar”

Por ese motivo, Anticorrupción no cree que la presidenta regional llegase a estar en un conflicto de intereses, de acuerdo con el Código Ético de la Comunidad de Madrid. Además, al tratarse de un contrato de emergencia, “la actuación del Consejo de Gobierno queda circunscrita, a la recepción de la información contractual por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación”.

“Esto es así, en la Comunidad de Madrid no hay corrupción. En la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción porque no he tomado ni una sola decisión desde que soy presidenta para ayudar a un familiar”, ha declarado esta mañana la presidenta Díaz Ayuso. La decisión final de la Fiscalía no es recurrible por los denunciantes (PSOE, Podemos y Más Madrid), pero estos pueden denunciar los hechos en los tribunales.