El Congreso da luz verde a la nueva Ley del Deporte
El texto, que sustituye al de 1990, nace sin consenso por los roces sobre las selecciones autonómicas. Sus ejes son la igualdad y la inclusión.
La nueva Ley del Deporte, tercera de la democracia y que jubila al texto en vigor que data de 1990, recibió hoy luz verde en el Congreso tras aceptar todas las enmiendas aprobadas por el Senado la semana pasada. De esa forma, y tras su publicación inmediata en el BOE, se salvan los 140 millones de euros de los planes de recuperación europeos condicionados a su promulgación antes de 31 de diciembre.
La Ley tuvo en contra al PP, que la considera “papel mojado”, y a VOX. El consenso que se pretendía cuando se alumbró en diciembre del año pasado no se ha producido. Sobre todo, por la introducción en octubre de una enmienda del PNV que permite (artículo 48.2) que comunidades como la vasca o catalana puedan solicitar “participar directamente en el ámbito internacional” en el caso de “modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social”. Algo que se produciría, eso sí, “previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes”.
Un punto de fricción para una Ley que pretende actualizar el modelo español. El texto reconoce al deporte como “actividad esencial” en su artículo 2 y se centra en eliminar todo tipo de desigualdades. Por lo tanto, se deberá equilibrar la presencia de mujeres en órganos directivos, federaciones y ligas tendrán que elaborar un ‘Informe anual de igualdad’, deberán contar con un protocolo para situaciones de discriminación, abusos y acoso sexual, se fomentará una igual visibilidad en eventos, se protegerá los derechos de embarazadas, será punible cualquier gesto de LGTBIfobia y las federaciones tendrán que integrar el deporte de personas con discapacidad.
Además, la Ley regula los derechos y obligaciones de los deportistas y define al ‘profesional’: aquel dado de alta en el correspondiente régimen y que percibe ingresos por su práctica deportiva habitual.
En el plano federativo, se consagra la financiación plurianual y estas sabrán, pues, de cuánto dinero dispondrán en el ciclo olímpico. Una vieja reivindicación.
La norma, que tiene un aire más liberalizador, pretende democratizar el acceso a las directivas de los clubes. Así, elimina la obligatoriedad de ser Sociedad Anónima Deportiva para participar en competiciones profesionales. Y, además, se eximirá a las juntas directivas de los clubes profesionales que no son Sociedades Anónimas (Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna y Amorebieta) de avalar un 15% de sus presupuestos. Los avales los podrá fijar cada club.
La Ley también reduce las competencias del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ya no conocerá en vía de recurso las sanciones impuestas por las federaciones, que podrán resolverse en la jurisdicción civil o a través de un sistema de arbitraje que no está del todo definido. Este punto, según algunos juristas, podría implicar una indefensión de los deportistas y un encarecimiento de la justicia.
En su anterior paso por el Congreso, también se incorporaron reivindicaciones de LaLiga previa amenaza de huelga. Se admitieron en parte: la exigencia de un informe vinculante de las ligas profesionales ante cambios normativos de las federaciones y otra relativa a mantener el marco vigente en cuanto a derechos audiovisuales.