La Ley elimina el aval del 15% para Madrid, Barça o Athletic
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley del Deporte, centrada en la igualdad y la inclusión: LaLiga podrá comprar derechos audiovisuales a las federaciones.
La tan traída, llevada y nunca aprobada Ley del Deporte que debe dejar atrás a la de 1990 entró hoy en Consejo de Ministros, que dio su luz verde al anteproyecto para iniciar el trámite parlamentario. En esa fase se quedó varado el anterior, en 2019 con el texto impulsado por José Guirao (ministro de Cultura y Deporte) y María José Rienda (secretaria de Estado). Este nuevo articulado, que sacó adelante en junio José Manuel Uribes con un recién llegado al CSD José Manuel Franco, ha sido rematado por Miquel Iceta. Aunque con pocos cambios. El eje sigue siendo la consecución de la igualdad de género.
Una de las novedades es que se elimina la obligatoriedad de ser Sociedad Anónima Deportiva para participar en competiciones profesionales. Y, además, se eximirá a las juntas directivas de los clubes profesionales que no son Sociedades Anónimas (Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna y Amorebieta) de avalar un 15% de sus presupuestos. "Los avales quedan en manos de los clubes. La actividad deportiva se vertebra a través de clubes y federaciones, que son entidades privadas y han de ser ellos los que decidan de qué mejor manera garantizar sus intereses", explicó Iceta. Cada club decidirá, pues, en qué porcentaje queda el aval o si se elimina. Un aspecto que cambia por una enmienda del PNV a los Presupuestos Generales en relación al Amorebieta.
Joan Laporta y su junta, por ejemplo, sufrieron para avalar con su patrimonio los 124 millones de euros que fueron necesarios. Según fuentes del ministerio, así se "democratizarán las estructuras y se facilitará el acceso a más candidaturas".
Pero la nueva Ley, que reconoce el deporte como "actividad esencial" en su artículo 2, en lo que se centrará es en eliminar toda clase de desigualdades. Así, se deberá equilibrar la presencia de mujeres en órganos directivos, federaciones y ligas tendrán que elaborar un 'Informe anual de igualdad', deberán contar con un protocolo para situaciones de discriminación, abusos y acoso sexual, se fomentará una igual visibilidad en eventos (50% en las emisiones), se protegerá los derechos de embarazadas, será punible cualquier gesto de LGTBIfobia y las federaciones tendrán que integrar el deporte de personas con discapacidad.
Además, la Ley regula los derechos y obligaciones de los deportistas y define al 'profesional': aquel dado de alta en el correspondiente régimen y que percibe ingresos por su práctica deportiva habitual.
Otro cambio es la desaparición del escalón intermedio de 'liga profesionalizada' de los anteriores borradores. Así que se mantienen las categorías de profesionales y aficionadas.
Y se elimina la prohibición de que LaLiga comercialice (a través de su OTT) los derechos audiovisuales de las federaciones, el principal punto de fricción en 2019 y que se mantenía en la redacción de junio. Según el artículo 80: “Los organizadores de las competiciones no profesionales podrán comercializar los derechos y productos que establezca la legislación vigente, con pleno respeto a los derechos individuales de los clubes y entidades deportivas asociados”. Tras los Pactos de Viana, una Fundación del CSD iba a gestionar estos derechos, pero nunca llegó a constituirse y ahora ADESP (Asociación del Deporte Español) intenta realizar una venta centralizada de los mismos a un operador, que podría ser LaLiga si entrara en la puja.