Los privilegios que pierde Podemos por ir al Grupo Mixto del Congreso tras separarse de Sumar

Podemos hizo oficial este martes 5 de diciembre su ruptura definitiva con el grupo parlamentario de Sumar, formación con la que concurrió bajo sus siglas en las elecciones del 23 de julio, y pasará a formar parte del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados.

Dicho grupo, en el que se incluyen las formaciones que no alcanzan los requisitos mínimos para formar grupo en el Congreso (15% de los votos en las circunscripciones donde se han presentado o un 5% en el conjunto del Estado), estaba formado previamente en esta legislatura por Coalición Canaria, cuya diputada es Cristina Valido; BNG con Nestor Rego, y UPN, representado por Alberto Catalán.

A estos tres diputados, se sumarán los cinco de Podemos, que son Ione Belarra, Lilith Vestrynge, Javier Sánchez Serna, Noemí Santana y Martina Velarde. De este modo, el grupo mixto pasará a estar formado por ocho miembros y Sumar pasará de tener 31 diputados, a 26. Desde la formación morada aseguraron que mantendrán una negociación independiente con el Gobierno para los Presupuestos de 2024.

Sin embargo, la salida del grupo parlamentario tendrá consecuencias para Podemos en todos los ámbitos. Desde el tiempo que tendrán para realizar intervenciones en las sesiones plenarias, hasta las implicaciones económicas que acarrea dicho cambio, con el reparto de la subvención fija de 30.346,72 euros mensuales que le corresponde a cada grupo parlamentario de la Cámara Baja. Dos cuestiones que deben consensuar con BNG, CC y UPN.

Sumar se queda con su 23% de reparto de subvenciones

Con la salida de Podemos, Sumar se queda con el 23% del reparto de las subvenciones que acordó conceder a Podemos por concurrir a las elecciones bajo sus siglas. En cifras, se queda con 10.000 euros más al mes. En este sentido, la formación de Yolanda Díaz sale beneficiada con el cambio, dado que aumentará sus ingresos.

Pese a ello, Podemos no acaba derrotado con el cambio a nivel económico, ya que su entrada en el Grupo Mixto, provocará que aumente sus ingresos al tener más representantes que los partidos regionalistas. Es decir, de los 19.429 euros que le correspondían con Sumar, pasarán a disponer de 27.697 euros del total de las subvenciones que recibe el Grupo Mixto, de modo que el resto pasará a repartirse entre BNG, CC y UPN. Un reparto que queda claramente descompensado.

También mantienen su sueldo base y complementos

No son las únicas cifras que deben tenerse en cuenta. También existe la denominada “retribución variable” que corresponde a cada uno de los 350 diputados de la Cámara Baja, de 1.746,16 euros. Podemos deberá acordar los términos con la entidad bancaria que opera en el Congreso para la transferencia de esta retribución, relativa a gastos relacionados con la actividad en el grupo parlamentario. Sus parlamentarios mantendrán el sueldo base de 3.142,14 euros mensuales.

Todos, menos Ione Belarra, mantendrán también el complemento de 2.018,41 euros para gastos de manutención y pernoctación al no ser diputados por Madrid. En el caso de la exministra de Derechos Sociales y secretaria general de la formación, este complemento se queda en 963,43 euros.

Menor tiempo de intervención en el Congreso

Su tiempo de intervención en el Congreso será menor que al formar parte de Sumar, y deberán negociar con cada uno de los diputados de BNG, UPN y CC. El artículo 75 del Reglamento de la Cámara especifica lo siguiente. “Las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto podrán tener lugar a través de un solo Diputado y por idéntico tiempo que los demás Grupos Parlamentarios, siempre que todos sus componentes presentes así lo acuerden y hagan llegar a la Presidencia de la Cámara, por medio del portavoz o Diputado que lo sustituyere, el acuerdo adoptado”.

En caso de que las cuatro formaciones discreparan y no alcanzasen un acuerdo al respecto, el segundo punto del artículo recoge que “ningún Diputado del Grupo Parlamentario Mixto podrá intervenir en torno de Grupo Parlamentario por más de la tercera parte del tiempo establecido”. Será en ese escenario la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien tome la decisión final “en función de las diferencias reales de posición, pudiendo denegar la palabra a todos”.