Rafael Amargo, absuelto de vender droga desde su casa
El bailaor ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid por el delito de tráfico de drogas, y por el que pedían nueve años de cárcel.
Rafael Amargo ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid del delito de tráfico de drogas por el que llegaban a pedir un total de nueve años de prisión. Desde el tribunal han considerado al bailaor inocente de los cargos y han dictado su absolución.
Los letrados que defienden a Amargo, Marcos García Montes y Marcos García Ortega, ya señalaban en las jornadas previas al juicio que los testigos de la acusación no estaban siendo tan firmes como pretendían desde el lado de la Fiscalía y las cantidades de droga intervenidas en casa del bailaor resultaban anecdóticas.
Según la propia sentencia, el motivo principal para determinar su absolución es que han quedado anuladas las escuchas y los registros policiales “porque no se cumplieron las exigencias mínimas que dicta la ley” para poder llevar a cabo estos procedimientos.
La base objetiva que justificaba la solicitud de intervenciones telefónicas había sido “insuficiente para estimar que la medida fuera proporcionada con base a los elementos en que fundamentaban los agentes la sospecha de la comisión de un delito contra la salud pública”.
“Desproporcionalidad” de las medidas tomadas
De esta manera, desde la Audiencia Provincial de Madrid insisten en la “desproporcionalidad” de las medidas tomadas en la instrucción, declarando entonces nulo el auto de la intervención telefónica, y concluyendo que “tanto desde el punto de vista causal como jurídico o normativo, la autorización de entrada y registro y lo encontrado en los domicilios han de quedar también afectadas por la nulidad de las intervenciones telefónicas. Por lo tanto, el material probatorio derivado del registro domiciliario -se establece en la sentencia- ha de quedar excluido de valoración”.
El bailaor tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados junto a su exproductor teatral y uno de sus socios por la presunta venta de estupefacientes en el barrio madrileño de Malasaña, por los que pedían una pena de nueve años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública.
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