La Fiscalía recurre la sentencia a Alves para que aumente la pena

Nuevo giro en los tribunales. El culebrón judicial que supuso el caso Dani Alves, acusado de cometer una agresión sexual en la discoteca Sutton de la ciudad condal en la noche del 30 de diciembre de 2022, pareció tocar su fin el pasado mes de febrero. Dos semanas y media después de la celebración del juicio llegó la sentencia: cuatro años y seis meses de prisión. Tiempo que podría verse incrementado tras la decisión de la Fiscalía de Barcelona de recurrir la sentencia al brasileño.

Tal y como han informado fuentes jurídicas a EFE, el Ministerio Público estaría preparando ya el recurso al considerar que no se puede aplicar la atenuante de reparación del daño, materializados en los 150.000 euros que aportó Alves al procedimiento y que permitieron la rebaja de la condena.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a la aplicación de la citada atenuante durante el juicio. Se esgrimía entonces que la cantidad respondía a la fijación que la jueza instructora marcó como fianza a Alves cuando fue procesado y que, además, podía resultar discriminatorio si se tenía en cuenta la holgada capacidad económica del acusado.

Los recursos de todas las partes

Este recurso se sumaría al que presentará, en sentido contrario, la abogada de Alves. Inés Guardiola, letrada encargada de la defensa del futbolista, pretende insistir en la inocencia de su cliente argumentando que las relaciones que dan pie a la acusación fueron consentidas. Junto a esto, y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, está en su hoja de ruta solicitar la libertad provisional para Alves.

También pasa por los planes de la abogada de la víctima, Ester García, presentar un recurso que, tal y como se mostró en el tribunal, iría en la misma dirección que el que ha presentado la Fiscalía. Es decir, que buscaría una condena más alta. Más años en prisión.

De hecho, la letrada de la denunciante ya incidió en la ausencia de cualquier tipo de “esfuerzo económico ni moral” en el pago de los citados 150.000 euros. García fue clara al respecto: “Da la sensación de que se aplica la atenuante a personas privilegiadas, que tienen recursos. Y esta no es la finalidad de la ley”.