La Fiscalía pide que el juicio contra Dani Alves por agresión sexual sea a puerta cerrada

Dani Alves atraviesa los últimos días antes de enfrentarse a su juicio acusado de haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en el lavabo del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. Una acusación que le llevó a ingresar en el centro penitenciario de Brians, donde se encuentra en estos momentos, y donde ha pasado ya más de un año.

A falta de escasos días de que se celebre su juicio (del 5 al 7 de febrero) en la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha conocido la petición que ha hecho la Fiscalía, y es que el juicio sea a puerta cerrada. Piden que únicamente estén presentes en los tribunales el letrado de la administración de Justicia, el fiscal, los procuradores y los abogados, tanto de la acusación particular como los del futbolista brasileño.

Si dicha petición se acepta, ningún medio de comunicación podrá asistir al juicio, uno de los más mediáticos de los últimos años. Y es que desde la Fiscalía de Barcelona buscan proteger tanto la imagen como la voz de la denunciante, así como todo lo relacionado con ella, incluyendo datos que puedan así identificarla públicamente.

Cabe destacar también desde la acusación particular han solicitado que la declaración de la joven sea también a puerta cerrada. La defensa de Dani Alves, liderada por Inés Guardiola, no ha mostrado oposición a dichas solicitudes, y ahora será el tribunal quien responda en los próximos días.

Un juicio en el que está previsto que declaren una veintena de personas, añadiendo el acusado y la presunta víctima, además de los peritos que explicarán los informes médicos de la denunciante, evidenciando los daños físicos y psicológicos que ha sufrido. Además, entre los testigos también figura la mujer de Alves, Joana Sanz.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Alves

Desde la Fiscalía también mantienen su petición de nueve años de prisión para Dani Alves por un delito de agresión sexual con penetración. Además, piden 10 años de libertad vigilada y una indemnización para la joven de 150.000 euros, la cual quedó ya consignada en el juzgado. Una petición que se acerca a los 12 años que piden, por su parte, desde la acusación particular.

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