La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Dani Alves
El exfutbolista se enfrenta a esa pena por la violación de una joven en la discoteca Sutton. Además, tendría que pagar 150.000 euros a la víctima.
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exfutbolista Dani Alves por la supuesta agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre de 2022. El brasileño, tal y como ha adelantado la agencia EFE, tendría que pagar una indemnización de 150.000 euros a la víctima.
Dani Alves ingresó preventivamente en la prisión de Brians 2 en el mes de enero y, desde entonces, sus versiones han ido modificándose con el paso del tiempo. La última que ha defendido es que las relaciones sexuales que mantuvo con la víctima fueron consentidas, algo que la denunciante siempre ha negado.
Posible acuerdo
La petición de la Fiscalía no es, en absoluto, vinculante. Una vez emitida, ahora tendrá que ser el juez del caso el que determinará si la solicitud se ajusta a los hechos enjuiciados. Todo estaba preparado para que la vista se celebrase antes de Navidad, pero las previsiones apuntan a que el juicio será, finalmente, en el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, dos periodistas especializados en información de tribunales como Mayka Navarro y Carlos Quílez dejaron caer en las últimas semanas la posibilidad de que las partes pudieran llegar a un acuerdo. “Este programa puede adelantar algo más que un rumor, y es que se habrían puesto a efectos del debate cuatro años de pena y una jugosa indemnización a la víctima”, explicó el colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’. En caso de que se terminase por llegar a ese acuerdo, con el que tendrían que estar conformes todas las partes incluida la Fiscalía, Alves se evitaría sentarse en el banquillo de los acusados.
El artículo del Código Penal que recoge el “delito de agresión sexual con penetración” tiene prevista una pena que podría oscilar entre los cuatro y los doce años de cárcel. No obstante, la Fiscalía podría haber tenido en cuenta la existencia de un presunto abuso de autoridad, lo que justificaría, según informó ‘El Mundo’ en febrero, que la petición pudiese estar entre los ocho y los diez años de privación de libertad.