TRIBUNALES

Alves volverá a declarar a petición propia

La defensa del exfutbolista, en prisión preventiva desde hace casi tres meses, ha pedido a la jueza que el brasileño vuelva a comparecer para aportar una nueva versión.

Dani Alves volverá a pasar por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona el próximo lunes. La defensa del exfutbolista, tal y como ha adelantado la Cadena SER, le ha pedido a la jueza que el brasileño pueda aportar una nueva versión de los hechos sucedidos en la noche del 30 de diciembre.

Las diferentes declaraciones de Dani Alves desde que entró en prisión preventiva han ido variando. En un primer momento, el exlateral del Barcelona y de la selección brasileña, entre otros equipos, negó conocer a la víctima. Más tarde modificó su discurso y aseguró que la presunta víctima se lanzó hacia él en el baño y, por último, afirmó que existió sexo oral consentido.

En prisión preventiva y sin fianza

El pasado 21 de febrero, la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso que pretendía sacar a Alves de la prisión de Brians 2. Los magistrados que tomaron la decisión entendieron que el riesgo de fuga a Brasil era elevado por el músculo económico que el brasileño tiene en su país natal. Además, la inexistencia de un convenio de extradición entre España y el país sudamericano también fue decisiva en el veredicto.

La posibilidad de que Alves volviese a pedir declarar a petición propia era una opción que podía suceder en cualquier momento. De hecho, hace tan solo unos días contrató a una agencia de comunicación que le pudiera asesorar en sus siguientes intervenciones ante la jueza.

La fecha del juicio

A día de hoy sigue sin conocerse cuándo será el juicio por la presunta agresión sexual que Alves cometió sobre una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Aunque según diversos medios la instrucción estaba casi finalizada hace unas semanas, todavía no ha habido movimientos públicos en este sentido.

En caso de ser declarado culpable en la vista, Alves podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y doce años. No obstante, si se considera que existió un abuso de la autoridad al forzar a la víctima, la condena podría ser de entre 8 y 10 años de prisión.

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