Caso Negreira: tres años y sin sentencia

Tal día como hoy pero en 2023 una información sacudía como un terremoto el fútbol español. Jordi Martí, Sique Rodríguez y Adrià Soldevila desvelaban en el Què t’hi jugues, de SER Cataluña que la Fiscalía investigaba inicialmente el pago de 1,4 millones entre 2016 y 2018 del Barcelona a una sociedad del exárbitro Enríquez Negreira, por aquel entonces vicepresidente del CTA, a cambio de supuestos informes arbitrales. Fue sólo el comienzo. Las posteriores investigaciones elevaron los pagos a un total de 8,4M€ y durante un periodo aún mayor, de 2001 a 2018. Por ellos hay siete encausados, incluido el propio Barça como entidad jurídica.

Tres años después el tsunami aún no ha cesado. El caso ha pasado por la mesa de tres jueces distintos pero todavía no tiene sentencia...

El caso

Todo parte de la Agencia Tributaria, que detectó entre 2016 y 2018, siendo aún Negreira vicepresidente del CTA, unos pagos incorrectamente tributados por el excolegiado y procedentes del Barcelona, sin que pudiera acreditarse su finalidad. Pagos vertebrados en tres empresas compartidas por Negreira y su hijo Javier. La Fiscalía Anticorrupción echó el caso a andar. El Barça admitió esos pagos pero alegó que fueron por asesoramiento (por parte de Negreira) e informes arbitrales (realizados por su hijo). A ese punto, Negreira admitió ante la Agencia Tributaria en 2021 que no hubo documento ni informe alguno: “Así estaban tranquilos (se refiere al Barcelona) de que en el comité arbitral no había decisiones en contra, que todo era neutral”.

Los acusados

En la causa están siendo investigados tanto Enríquez Negreira como su hijo Javier, los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, y el propio Barça como entidad jurídica. La Fiscalía denuncia tres posibles delitos: administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva. Ni Gaspart ni Laporta figuran, dentro de esta vía penal, porque su posible implicación prescribió. Ha causado controversia la prescripción por la vía deportiva del posible delito, que acarrearía importantes sanciones, incluso el descenso. La Ley del Deporte en 2022 estableció en tres años el plazo para que las infracciones muy graves (como esta) prescriban, por lo que el último pago a Negreira, en 2018, quedaba fuera. Albert Soler, uno de los investigados, pasó de directivo azulgrana (donde está acreditado que hablaba de árbitros por Whatsapp con el hijo de Negreira) a convertirse en 2021 en director general del CSD y uno de los paladines de esa ley...

Los jueces

El caso ha pasado por las manos de tres togados. La magistrada Silvia López admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía, pero fue Joaquín López Aguirre, el titular del Juzgado número 1 de Barcelona, el que impulsó la causa a través de un demoledor auto en el que apuntaba a la “corrupción sistémica” del arbitraje. “Se presupone por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones desde 2001 si no le beneficiara”. Tras su jubilación, desde el 20 de febrero de 2025 el caso pasó a manos de la jueza Alejandra Gil Lima.

La instrucción

El Real Madrid logró personarse como “parte perjudicada” y entre otras actuaciones solicitó las auditorías y las cuentas del Barcelona entre 2010 y 2021, pero la jueza Gil Lima se las ha negado. Han comparecido desde Laporta, que aseveró que los pagos “en ningún caso eran para que (los árbitros) favorecieran al Barça”, a los exentrenadores culés Luis Enrique y Ernesto Valverde, que negaron haber visto los famosos informes de los Negreira. “No sabía ni que existían los informes arbitrales en el Barça”, enfatizó el vasco. El pago de los 8,4M€ millones a Negreira quedó acreditado en enero pasado al recibir la jueza una copia de los cheques bancarios.

Los puntos oscuros

A día de hoy, sigue sin arrojarse luz sobre numerosas cuestiones. Desde el aumento de un 800% en los emolumentos de Negreira durante sus casi dos décadas de relación con el Barcelona a las relacionadas con los propios pagos. Laporta, en su declaración, no logró aclarar a qué se debían pagos variopintos a Negreira de 60.000 euros “por un pack de aloe vera” o cómo se pagó por análisis sobre partidos que ni se habían jugado aún.

¿Y ahora qué?

Lo más inmediato es que aún quedan protagonistas por declarar. El propio FC Barcelona como entidad jurídica, por voz previsiblemente de su vicepresidenta Elena Fort, y Carlos Naval, delegado del equipo, como testigo y a petición del Real Madrid. Ambas comparecencias serán el 10 de abril y a partir de ahí la jueza Gil Lima tendrá que pronunciarse.

Negreira y su “deterioro cognitivo”

El epicentro del caso, al que ha venido a dar inequívocamente nombre, es José María Enríquez Negreira (Barcelona, 1945), que fuera árbitro profesional entre 1975 y 1992. Al dejarlo no quiso desvincularse del todo del mundillo del árbitraje, ahora desde los cenáculos del poder. En 1994 asumió el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), rol que ocupó ininterrumpidamente hasta el final de la temporada 2017-18. Dentro de ese periodo, en 2001, es cuando comenzaron los pagos desde el Barcelona por la supuesta elaboración de informes. Una posición privilegiada de la que se sirvió para conectar a otro de los investigados, su hijo Javier Enríquez. El éxbitro internacional Antonio Jesús López Nieto recordaba en 2023 en un reportaje en El País que entre los propios colegiados causaba “cierto estupor” que el vástago de Negreira asistiera a la concentraciones de árbitros como coach, un papel nada claro...

Desde un primer momento la estrategia de defensa de Negreira fue la de escudarse en su estado de salud, en un “deterioro cognitivo” basado en un informe de la Fundación ACE Alzheimer Center de Barcelona donde se le diagnosticaba “un principio de Alzheimer”. En octubre de 2023 Negreira acudió a ser examinado en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, donde sufrió una caída ante las cámaras que le esperaban, pero los médicos forenses concluyeron que, pese a mostrar signos leves de deterioro cognitivo, conservaba las facultades mentales necesarias para ser juzgado.

Sin embargo, el pasado día 4 su abogado, Daniel Pérez-Esqué, presentó ante el juzgado un escrito en el que sostiene que ese deterioro cognitivo que padece el exárbitro habría empeorado y que ello le impide “defenderse con todas las garantías” en el proceso penal. Es por que ha pedido una nueva valoración médica que permita a la jueza decidir si debe ser apartado de la causa por demencia.

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