AFE cuestiona a un miembro del TAD del ‘caso Rubiales’
El sindicato pide que Jaime Caravaca se inhiba al estar relacionado con el entorno del expresidente.
El futuro de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol está ahora mismo en manos del Tribunal Administrativo del Deporte. Y el foco se ha puesto en uno de los miembros de dicho tribunal. Se trata de Jaime Caravaca Fontán, sobrino de Ramón Caravaca, quien es socio de uno de los hombres más próximos a Luis Rubiales. Por ello, el sindicato AFE ha pedido que Caravaca Fontán no participe en la denuncia que está estudiando el TAD al haber conexiones con el investigado.
“AFE quiere manifestar su máxima preocupación por la presencia, en condición de vocal, de Jaime Caravaca Fontán como integrante del TAD. Es sobrino de Ramón Caravaca. Éste último es el administrador y único accionista de la inmobiliaria Egmont 2008 SL. Según denunció El Confidencial, esta empresa fue la que pagó el presunto espionaje al que fue sometido David Aganzo, presidente de AFE y de FIFPRO. Cabe recordar, además, que Ramón Caravaca es socio del bufete GC Legal, cuyo socio director y fundador es Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF, además de ser el abogado penalista que representa a Luis Rubiales en algunos procedimientos penales”, expone el sindicato de futbolistas españoles.
Desde dicha asociación, ante dicha evidencia, reclaman que Jaime Caravaca se aparte de la cuestión que está tratando el TAD desde el pasado lunes: “Al tener claras y evidentes conexiones con la RFEF y su presidente suspendido temporalmente por FIFA, debe inhibirse en el procedimiento abierto que puede acabar con la inhabilitación de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por su muy grave comportamiento en el transcurso y tras la final de la Copa Mundial Femenina”.
El foco está puesto en el TAD ahora mismo, ya que el futuro de Rubiales corre en gran medida de la decisión que tomen. El Gobierno denunció ante dicho tribunal infracciones “muy graves” y si deciden abrir una investigación de tal calado, el CSD estaría legitimado para suspender sine die al mandatario federativo. Ahora bien, una apertura de expediente que se daba por hecha desde el Gobierno y se quería resolver con celeridad se está alargando en el tiempo. El tribunal se reunió por primera vez el lunes para tratar el caos, pero todavía sigue sin resolverse.