El pueblo de Irlanda que prohíbe el móvil a los menores de 12 años
Todas las asociaciones de padres del municipio de Greystones, de unos 14.000 habitantes, se han puesto de acuerdo para no permitir a sus hijos pequeños tener estos dispositivos electrónicos
Una de las mayores preocupaciones de los padres y madres en este mundo moderno es la forma en la que la tecnología puede afectar al desarrollo y la educación de sus hijos. A pesar de que ha traído avances innegables que hacen la vida cotidiana más fácil y llevadera, la esfera de internet también tiene grandes peligros, especialmente para los menores, que están indefensos ante estas amenazas si no tienen la ayuda y supervisión de un adulto.
El debate en torno a la cuestión es amplio y aparentemente interminable. No obstante, la mayoría de los gobiernos optan por llamar a la responsabilidad individual de los progenitores pero sin sobrepasar la barrera de legislar sobre una cuestión que, al fin y al cabo, debería dejarse al juicio de cada núcleo familiar. Las opiniones en uno y otro sentido se suceden y, en muchos casos, no se acaba llegando a ninguna conclusión que vaya más allá de un vago compromiso con cuestiones tan etéreas como universales. La seguridad de los niños, la lucha contra el cibercrimen...
Es cierto, no obstante, que podría ser problemático que un cuerpo legislativo decidiera introducir por ley alguna medida restrictiva de estas características, ya que podría ser interpretado como una injerencia estatal en los derechos de los padres a dirigir, hasta cierto punto, la educación de sus hijos. Sin embargo, han sido los propios ciudadanos los que han tomado la iniciativa en el pueblo irlandés de Greystones.
La mecha prendida
Apenas 14.000 habitantes tiene este mediano municipio del verde vecino del Reino Unido. No han sido las autoridades las que han dictado ninguna medida respecto al uso de las nuevas tecnologías, especialmente de los teléfonos móviles, en la infancia. Han sido las familias. Todas y cada una de las asociaciones de padres y madres del pueblo se han puesto de acuerdo para restringirles a sus hijos el acceso a estos dispositivos, al menos, hasta que cumplan los 12 años.
Es cierto que, al no ser una directriz de carácter oficial sino un acuerdo tácito entre asociaciones civiles, no hay forma de hacer que sea seguida por la totalidad de la población. No obstante, el alineamiento tan vehemente de todos estos grupos a favor de los términos de la iniciativa hará, sin duda, que un porcentaje muy amplio de los ciudadanos de la región cumplan con el compromiso. Un paso adelante que, de funcionar como esperan los promotores, podría extenderse a otras zonas de Irlanda o incluso del mundo.