¿Qué es el ‘lawfare’ y por qué el PSOE se desvincula ahora de él?
Este término, que hace referencia a una instrumentalización de la Justicia, finalmente no ha sido mencionado en la proposición de ley de amnistía que han presentado PSOE, Junts y ERC.
La proposición de ley de amnistía que han realizado PSOE, Junts y ERC no incluye ninguna alusión al ‘lawfare’ o persecución política desde los tribunales, así como tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial.
Concretamente, la sala de gobierno del Tribunal Supremo ha emitido un comunicado que carga contras las alusiones al ‘lawfare’ que figuraban en el acuerdo entre Junts y el partido de Pedro Sánchez. En esta nota emitida, se recuerda que “el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.
Todos los miembros de este órgano del alto tribunal señalan al unísono “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones” y “ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
¿Qué es el ‘lawfare’?
El ‘lawfare’ es un término que se utiliza para designar el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública. Es decir, se refiere a la instrumentalización de la Justicia para perjudicar a rivales políticos. Con respecto al acuerdo entre el PSOE y Junts, este término se refiere a causas judiciales que no están vinculadas con los procedimientos del procés.
Según explica el diario Expansión, actualmente hay diversos jefes políticos que no podrían acogerse a la amnistía, puesto que los delitos a los que son imputados son tan comunes que supondría la generalización de presos. Este es el caso de la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, por delito de falsedad documental; o de la familia Pujol, por delito fiscal y blanqueo de capitales.
El partido de Puigdemont ha insistido en este concepto con el objetivo de incluir en la amnistía a personas que han sido imputadas por cuestiones ajenas al procés y que, según Junts, han sido procesados como consecuencia del mismo, tal y como recoge El Economista.
Salvador Illa se desvincula del ‘lawfare’
Este lunes, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha negado que durante el proceso independentista hubiera ‘lawfare’ judicial y ha asegurado que no se revisará ni enmendará ninguna sentencia en el acuerdo entre el PSOE y Junts. De esta manera, ha asegurado que “esto no se puede producir en un marco de Estado de derecho como el del Estado español”
En este sentido, sobre la inclusión del concepto de ‘lawfare’ en el acuerdo entre el PSOE y Junts, el líder del PSC ha justificado que “el Congreso de los Diputados tiene plena legitimidad para crear las comisiones de investigación que los grupos consideren oportunas”, pero ha enfatizado que “esto no tiene nada que ver con la interferencia en la independencia del poder judicial”.
Debido a la oleada de críticas de distintos colectivos profesionales, como jueces, abogados del Estado o inspectores de Hacienda o Trabajo, ahora el PSOE trata de desvincularse de este concepto anglosajón. Mientras tanto, se centran en defender que la amnistía es “un paso coherente” que sigue el “camino de la reconciliación” recorrido en los últimos años, tal y como señala el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña.