Política

La UE desmiente al Gobierno sobre la tasa de basuras

Bruselas aclara que la directiva europea no obliga a crear un nuevo impuesto, dejando en evidencia la justificación del Gobierno para imponer la tasa de basuras

Pixabay

La Comisión Europea ha dejado claro que la creación de una tasa municipal obligatoria para cubrir el 100% del coste de la recogida, transporte y reciclaje de residuos no es la única opción para cumplir con la normativa europea, contradiciendo así al Gobierno central.

En respuesta a una pregunta del Partido Popular en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, subrayó que la directiva comunitaria proporciona una lista no exhaustiva de herramientas económicas que los Estados miembros pueden implementar de manera discrecional, incluyendo alternativas distintas a una nueva tasa obligatoria.

El Gobierno en el punto de mira

La postura de la Comisión Europea ha provocado una oleada de críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, que defiende la obligatoriedad de este nuevo impuesto, previsto para entrar en vigor en abril de 2025.

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, acusó al Ejecutivo de Teresa Ribera de adoptar una postura “radical” al obligar a los ciudadanos a asumir íntegramente los costes del reciclaje. “La directiva no impone ninguna tasa de basuras. Queda claro el radicalismo verde de Teresa Ribera, que quiere obligar a los ciudadanos a pagar íntegramente el reciclado y por ello tendrá que dar explicaciones”, afirmó Montserrat.

“Desenmascarado por la Comisión Europea”

El descontento no solo viene de los partidos de la oposición, sino también de los alcaldes, que critican la falta de claridad del Ministerio de Hacienda respecto a los criterios para implementar la medida. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), liderada por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha solicitado al Gobierno que retire esta imposición.

Según García-Pelayo, “el Gobierno ha sido desenmascarado por la Comisión Europea, ya que la directiva no obliga a establecer una tasa de basuras”.

Además, anunció que la FEMP estudia posibles acciones legales para enfrentar la obligatoriedad del impuesto.

Conflicto con la ciudadanía

La directiva europea incluye diversas alternativas para cumplir con los principios de sostenibilidad y gestión de residuos, como tasas de vertederos, incentivos fiscales para la donación de alimentos, o sistemas de pago por generación de residuos. Sin embargo, el Gobierno español optó por introducir un impuesto específico, argumentando que era la única forma de cumplir con las exigencias comunitarias, postura ahora desmentida por Bruselas.

La controversia se intensifica a medida que se acerca la fecha límite para implementar la tasa, con muchos alcaldes alertando sobre el impacto económico que tendrá en los ciudadanos, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de vida. A pesar de las críticas y las alternativas planteadas, el Ejecutivo mantiene su decisión, dejando un escenario de conflicto abierto entre los distintos niveles de gobierno y con la ciudadanía como principal afectada

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