El PSOE rompería la Declaración de Granada si sale adelante el acuerdo en Cataluña
El PSOE fijó en su Declaración de Granada que no apoyaría una financiación autonómica basada en privilegios y que defendería un modelo federal basado en la solidaridad entre territorios.
La Declaración de Granada, firmada en 2013 por los barones del PSOE, sentó las bases para un modelo federal basado en la solidaridad entre territorios y el rechazo de los “privilegios” entre ciudadanos en función del lugar en que residan. En 2017, ya con Pedro Sánchez al frente del partido, ratificaron este compromiso mediante un pacto con el PSC conocido como la Declaración de Barcelona.
Sin embargo, el reciente anuncio de un pacto con ERC para establecer un concierto económico en Cataluña, que permitiría a la comunidad gestionar la totalidad de sus impuestos, ha desatado una oleada de críticas entre los barones del PSOE. Por ello, se ha pedido convocar al Consejo Político Federal, anteriormente conocido como Consejo Territorial, para debatir y decidir la postura del PSOE sobre la financiación autonómica.
Los presidentes de Asturias, Adrián Barbón y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán y el de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, han expresado su rechazo al concierto, alertando que este acuerdo podría quebrar la igualdad entre los ciudadanos españoles y la solidaridad interterritorial.
La declaración de Granada y Barcelona
La Declaración de Granada, acordada por el Consejo Territorial del PSOE bajo la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba, es un documento que define la posición del partido respecto a la organización territorial del Estado y la relación de las comunidades autónomas con la administración central. Esta declaración aboga por un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura federal que garantice la igualdad de derechos básicos para todos los ciudadanos y el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España.
Años después, en 2017, Pedro Sánchez y el PSC reforzaron estos principios con la Declaración de Barcelona, enfatizando la necesidad de una reforma constitucional para reconocer el carácter plurinacional de España y promover un sistema de financiación “más justo y equitativo”. Además, advertían de que las comunidades afrontaban problemas para financiar la Ley de Sanidad y la de Dependencia. Según este acuerdo, el PSOE se comprometió a defender la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada durante las negociaciones.
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