La UDEF reitera al juez de la Oikos que hubo amaños en los partidos

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dirigido al juez de Huesca que instruye el caso Oikos, de corrupción en el fútbol profesional, un nuevo informe en el que asegura que la plantilla del Reus en 2017 fue primada para vencer al Valladolid, pero las defensas lo niegan e insisten en la falta de pruebas que confirmen los pagos.

Este documento, al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado por el instructor a los responsables policiales ante las “dudas” que le provocaron las deducciones llevadas a cabo por la UDEF en otro informe anterior sobre la supuesta mecánica de los pagos a los jugadores y a los prestamistas de los 250.000 euros abonados a la plantilla del Reus en 2017 más los 20.000 destinados al entrenador del equipo.

En concreto, el juez pidió a los investigadores que aclaren las razones por las que el presunto pago de las primas a los jugadores del Reus fue hecho con posterioridad a la devolución del dinero a los supuestos prestamistas, entre ellos el exjugador Carlos Aranda.

“¿Cómo es posible que se devuelva ese dinero a los prestamistas antes de pagar a los jugadores?, ¿tiene sentido que los jugadores cobren a la vez que los que prestaron ese dinero?, ¿para qué se presta ese dinero?, ¿puede ser otro encuentro?, ¿tiene sentido que pida un préstamo con unas comisiones gravosas cuando puedo obtener la financiación por mis medios?”, se preguntaba entonces el juez en su escrito.

En su nuevo informe, la UDEF argumenta que la S.D.Huesca se vio forzada a recurrir con urgencia a unos prestamistas ante un robo llevado a cabo en las instalaciones del club que se saldó con la sustracción de los fondos que se guardaban para saldar la deuda contraída con los jugadores y el entrenador del club.

A raíz de conversaciones de whataspp registradas entre varios interlocutores, que los investigadores consideran como indicios y que las defensas rechazan, el informe deduce que el Huesca, con su presidente a la cabeza, Agustín Lasaosa, recurrieron a dos exjugadores de fútbol, Carlos Aranda y Raúl Bravo, para hacerse con fondos a cambio, supuestamente, de sustanciosas comisiones.

Señalan además los agentes de la UDEF que los préstamos fueron devueltos a través de supuestas falsas facturas por parte del propietario de la constructora que se encargó de la ampliación de las obras del campo del Huesca y del responsable de la empresa de catering que prestaba sus servicios en las instalaciones.

Considera el informe “totalmente posible” que los préstamos fueron devueltos parcialmente a los prestamistas antes del pago de las primas a los jugadores del Reus ya que la previsión inicial de abono se vio frustrada por circunstancias imprevistas y se demoró en el tiempo debido al riesgo derivado del transporte de esa cantidad en efectivo a Reus.

En relación al destino del préstamo, sobre el que juez manifestó que tenía “dudas”, la UDEF concluye que “no hay indicios ni elementos que hagan pensar que los pagos pudieran deberse a otros fines distintos que no sea el hecho que se investiga, el pago de la prima a los jugadores del Reus Deportivo”.

Contra estos argumentos ya presentó previamente el letrado del presidente del Huesca, el abogado José María Fuster Fabra, un escrito de alegaciones en el que solicitaba el archivo de la causa y advertía que la jurisprudencia prohíbe expresamente las causas en las que la actuación policial se dirige a “mirar lo que se pesca”, con el “pretexto” de esclarecer un hecho delictivo.

Causas, añadía el letrado, que persiguen “indagar en una persona o entidad para ver si en el curso de dicha investigación puede descubrirse delitos, partiendo del convencimiento del investigador de la criminalidad del sujeto”, y que, subraya, en el Estado de Derecho español se definen como “inquisiciones generales”.

En un sentido similar fundamentó su petición de archivo el letrado del jugador Íñigo López, el abogado Juan Pablo Lerena, para quien las dudas planteadas por el juez ponen de manifiesto una instrucción “prospectiva” que se va ampliando a la espera de que surjan hechos punibles. Se trata, añade, de un procedimiento de “inquisición general” rechazado por el Tribunal Constitucional.

Unos argumentos utilizados también por el abogado del propietario de la constructora que realizaba trabajos para el Huesca, el letrado Ricardo Orús, para instar el sobreseimiento del procedimiento. Tras conocer el contenido del nuevo informe de la UDEF, el instructor se ha dirigido a las acusaciones y a las defensas de los investigados para que se pronuncien sobre si procede o no nueva prórroga de la instrucción durante un nuevo plazo de seis meses.

En su escrito, al que también ha tenido acceso Efe, el juez informa a las acusaciones y a las defensas que a punto de vencer el anterior plazo prorrogado de seis meses, el próximo 28 de julio, deben de pronunciarse sobre si procede o no la continuidad de las actuaciones.