La Fiscalía pedirá sobreseimientos en el caso Oikos

La Fiscalía de Huesca ha solicitado al juzgado oscense del caso Oikos, de amaños en el fútbol profesional, el sobreseimiento de las investigaciones respecto al entrenador Ariz López Garay y al jugador Francisco Javier Atienza ‘Pichu’, en un escrito en el que anuncia nuevas peticiones de archivo a investigados sin aclarar más detalles. En este escrito, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal encargada del caso considera que “no queda acreditada conducta constitutiva de delito” en la actuación desempeñada por estos en relación al partido que disputaron en junio de 2017 el Reus y el Valladolid, que según los investigadores debían ganar el Reus a cambio de una prima a fin de facilitar el ascenso del Huesca a Primera División.

El ministerio público se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023 referente al denominado ‘Caso Osasuna’, que despenaliza en su resolución este tipo de conductas que fueron consideradas como corrupción deportiva en el inicio de la investigación del Oikos, hace ya cinco años. El escrito incluye un párrafo final para anunciar que “se solicitará que se proceda en igual sentido con todos los investigados que lo están por conductas de idéntica naturaleza”, aunque sin precisar quiénes de los investigados podrían verse beneficiados de esta decisión.

Este anuncio se hace semanas después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca rechazara acordar, con el apoyo de la fiscalía, la nueva prórroga solicitada por la Liga de Fútbol Profesional, desde donde partió la denuncia inicial que motivó la apertura de las investigaciones. A la espera de que las partes se pronuncien en favor del archivo o de la apertura del juicio oral, la jueza mantiene como investigados al expresidente del Huesca Agustín Lasaosa, y al propio equipo oscense; a los exfubolistas Carlos Aranda, Rául Bravo e Íñigo López; así como a la promotora Pryobras y a su gerente, Jesús Sanagustín.

En declaraciones a EFE, el letrado del gerente de Pryobras y de la propia empresa, el abogado oscense Ricardo Orús, lamenta los “enormes e injustos daños económicos y morales” causados a sus clientes, así como el anuncio hecho años después de iniciarse la instrucción por la fiscalía que, a su juicio, “se debía haber hecho casi desde el principio del caso, porque según iba avanzando se veía como el globo policial se deshinchaba”. “Hoy seguimos igual, porque la fiscalía se limita a anunciarlo pero nada material llega al juzgado y los días pasan”, subraya el letrado, que añade que su cliente se enfrenta desde entonces al “cierre injusto de todos los grifos financieros” necesarios para desarrollar su actividad, sin tener en cuenta de su condición se limita a la de investigado y no a la de condenado.

En su opinión, todas las noticiadas divulgadas a lo largo de los años han causado “un daño que el cierre de la fallida investigación no compensará en modo alguno, porque hoy, nada de lo que la denuncia dijo se ha podido probar ni por la Policía, ni por la Fiscalía ni por Liga de Fútbol Profesional, que se han afanado en seguir manteniendo viva la causa en los tribunales a pesar de que nada ilícito se demostraba según pasaban los días (y años)”.

La Operación Oikos fue impulsada por la Liga y a lo largo de los casi cinco años de instrucción ha sumado decenas de imputados por distintos delitos, entre ellos jugadores de fútbol, directivos o apostantes, para la mayor parte de los cuales se ha sobreseído la causa. Como acusaciones figuran en la causa la fiscalía, y las particulares impulsadas por La Liga de Fútbol Profesional, la Real Federación Española de Fútbol y el Real Valladolid, uno de los equipos que se vieron salpicados durante la instrucción del caso.

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