Las dos vías de la Fiscalía: corrupción entre particulares o administración desleal

El País ha publicado nuevas informaciones sobre el Barçagate. El diario asegura que el Barcelona pagó cerca de siete millones de euros a José María Enríquez Negreira, en su época de vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros), desde 2001 hasta 2018, según han contado fuentes judiciales al periódico. La noticia salió a la luz este miércoles por los pagos supuestamente injustificados de 1,4 millones de euros que hizo el Barça a Enríquez Negreira mediante DASNIL, empresa de su propiedad.

Pese a la existencia de las facturas, no hay rastro documental que deje claro la existencia de esos informes. La declaración de Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria explica que sus “asesorías técnicas” eran “verbales” y que los pagos iban por un camino distinto al de Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del CTA, ya que sus informes estaban centrados en los árbitros que iban a pitar los partidos de la entidad azulgrana de forma que sí se podría ver el soporte documental de los mismos.

El País cuenta que la Fiscalía trabaja para dejar claro si, a pesar de la alta cantidad de dinero por simples asesorías verbales (7.000.000 €), están justificadas; esto es, si el trabajo se hizo de forma real o si detrás hay motivaciones oscuras. Dentro de las hipótesis mencionadas por el citado medio está que el Barcelona pretendiera un trato de favor de los árbitros a través de Enríquez Negreira. No se han encontrado, sin embargo, pruebas que apunten en ese sentido. La otra hipótesis es que el club pretendiera contar con un rostro amigo en el órgano de gobierno de los colegiados, con independencia de que no le sirviera para obtener decisiones ventajosas, según explica El País.

De demostrarse alguno de estos dos supuestos, los hechos se encuadrarían dentro de un delito de corrupción entre particulares. Este está castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel para directivos, en este caso del Barcelona, y árbitros que “tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición profesional”. En caso de no demostrarse, otro posible delito es el de administración desleal, que se hubiera dado si el pago de los siete millones de euros fuera por servicios inexistentes. Las penas, en este caso, van hasta los tres años de cárcel a aquellos que se excedan en sus funciones por la administración del patrimonio ajeno y por la causa de un “perjuicio patrimonial” para los socios del club azulgrana.

La Fiscalía mirará hasta el mínimo detalle de las pesquisas y tomará la decisión de si archiva la causa o si ve indicios de delito por los que presentaría bien una querella o una denuncia ante la Justicia. La investigación está centrada entre 2016 y 2018, con Bartomeu de presidente, dado que, siempre que existan hechos delictivos anteriores, habrían prescrito por los años que han pasado.