El exasesor jurídico de Rubiales pone en duda la validez de las pruebas

El abogado Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo de la Federación Española de Fútbol y uno de los detenidos por supuestas irregularidades en contratos vinculados con la RFEF, ha puesto en duda la validez de las pruebas obtenidas en la investigación al considerar nulas algunas resoluciones de la jueza.

González Cueto, que fue comisionado de control externo de la Federación, es uno de los dos detenidos en la operación Brody que pasó a disposición judicial a finales de marzo, una decisión que también ha cuestionado en uno de los escritos, a los que ha tenido acceso EFE, que ha remitido al juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) que le investiga junto a Luis Rubiales y otros implicados.

El exasesor jurídico, de cuyo despacho, GL Legal, prescindió la RFEF un día antes de que declarase, ha pedido al juzgado la nulidad de resoluciones claves para la causa, como la que autorizó la intervención de comunicaciones de los investigados o la que dio luz verde a las entradas y registros efectuados el pasado mes de marzo.

Su abogado considera que estas resoluciones tienen vicios de nulidad y que, por tanto, todo lo que se obtuvo de ellas no sería válido, como tampoco lo es -en su opinión- la detención de Cueto efectuada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los agentes, argumenta, no pueden extender la detención “más allá de lo estrictamente necesario” y no han detallado “qué diligencias esenciales de investigación se practicaron” desde que fue arrestado hasta que se le puso a disposición del juzgado, dos días después.

Por ello, solicita que la jueza pida a la Guardia Civil que informe de qué diligencias llevó a cabo durante la detención.

El abogado también cuestiona de raíz la resolución que acordó intervenir su móvil, el de Rubiales y de otros investigados como su amigo, el exfutbolista, Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, porque carece del “mas mínimo atisbo de individualización” y de motivación, además de ser un “copia y pega” de un informe de la UCO que, dice, carece de “reflexión” acerca de la injerencia en los derechos fundamentales que implica esta intervención.

Si se declara la nulidad de esta resolución, el abogado entiende que también debe hacerse lo mismo con las posteriores diligencias que derivan de ella y la expulsión de la causa de toda la documentación que tiene base en las intervenciones.

En concreto, pide sacar del procedimiento dos oficios policiales que dan cuenta de los avances de la investigación a raíz de los pinchazos telefónicos, y reclama la nulidad de los registros efectuados por los agentes en los domicilios de los investigados, entre los que figura el personal y profesional de Cueto.

Entre los asuntos que investiga la magistrada, en relación a Cueto, figura la creación por parte de Rubiales del puesto de comisionado de control externo, y el encargo de sus funciones a este abogado.

Su llegada a la presidencia de la RFEF “habría supuesto un incremento considerable en la facturación del despacho de abogados GC Legal, evolucionando, según indica el propio Rubiales, de 500.000 euros al año a 3 millones”, según la investigación.

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