Vende leña mientras cobra el paro y amasa casi un millón de euros sin despertar la menor sospecha

A veces hasta lo más evidente pasa desapercibido, pero no por mucho tiempo. Un exagricultor francés afincado en Les Cerqueux, al noroeste del país, se agenció casi un millón de euros de ganancias en un negocio ilícito de venta de leña, el cual ejercía mientras cobraba el subsidio de desempleo. Según el medio Capital, entre 2010 y 2015, el hombre evadió los impuestos correspondientes y no registró su “empresa” en el conteo oficial mercantil.

Según la investigación judicial, citada por el tabloide galo Midi Libre, se agenció 374.000 euros a lo largo de tres años, además de ahorrar 445.000 euros en una cuenta y 117.000 en otra adjunta.

Para proceder a la venta no declarada, contactaba con sus clientes a través de anuncios clasificados y concretaba entregas y recogidas de la madera directamente desde su propiedad. El flujo de camiones de carga y descarga se producía cada semana enfrente del local. Nadie se dio cuenta. Pero todo lo bueno se acaba, o eso debió pensar el hombre.

Pillado, incautado y… recompensado, parcialmente

Era cuestión de tiempo que llamara la atención. Según informa el portal francés Actu, la magnitud del fraude se dio en 2014, cuando un equipo del programa televisivo 90’Enquêtes, grabó el registro policial y cuantificó las ganancias del hombre. En una primera instancia, tras el correspondiente juicio, se le condenó a 18 meses de prisión condicional y a diez años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad empresarial. También se le embargaron todas sus cuentas y todo el material maderero.

Sin embargo, la presencia de periodistas en la escena investigatoria, esencialmente por la actividad del show mencionado, fue razón justificada para que triunfara la apelación del hombre, quien alegó que se había producido una violación de la confidencialidad de la indagación judicial. Entonces, la sentencia se paralizó, hasta ahora.

En octubre de 2024, el Tribunal de Apelación de Rennes, a pesar del recurso, confirmó la culpabilidad del acusado, pero ordenó que se le devolviera unos 204.000 euros.

Pero no fueron buenas noticias para el exagricultor, ya que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mediante su organismo de gestión recaudatoria, la URSSAF, impuso el pago de 268.347€ correspondientes a las contribuciones impagadas durante esos años. Así como una multa de 2.000 euros y la vigencia de la suspensión de la gestión empresarial. Una victoria judicial muy amarga, pero justa.

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