Pierde en Canarias 246.000 euros pero el tribunal absuelve al estafador: “Ninguna persona razonablemente normal caería en la trampa”
La justicia absuelve al supuesto estafador en Canarias al aplicar la doctrina de autoprotección.
Una persona cayó en una estafa y la justicia absolvió al estafador, al considerar que no tomó “las preocupaciones mínimas para evitar ser engañada”. De este modo, aplicaron la doctrina de autoprotección y responsabilización por imprudencia. El ciudadano perdió 246.000 euros en un esquema de inversión inmobiliaria en Canarias.
Este caso comenzó en noviembre de 2020, cuando el acusado consiguió que la víctima invirtiera 50.000 euros en adquirir un bungalow en El Cotillo, en la isla de Fuerteventura.
En los meses siguientes, y ya con la confianza de este hombre, se repitió el patrón en numerosas ocasiones, siendo todo promesas de negocios en los que debía invertir. En enero de 2021, el estafador pidió 60.000 euros para comprar cuatro apartamentos en Sardina del Sur. Tres meses después, unos 48.000 euros para otras inversiones en Santa Cruz de Tenerife. En junio solicitó otros 48.000 euros con la excusa de la liquidez y, en 2022, obtuvo 42.000 euros para inmuebles en Costa Calma.
El total de estas inversiones asciende a 246.000 euros. Cuando esta persona se sintió estafada, presentó la denuncia. El acusado le devolvió 100.000 euros entre noviembre de 2022 y agosto de 2023.
La víctima tuvo “falta de prudencia”
Cuando el caso llegó al Tribunal Superior, este dictó que “mucho dinero, muchas operaciones sucesivas y mucho tiempo para darse cuenta del engaño”. Según El Economista, los jueces señalaron que la víctima mostró una “falta de prudencia” y que “ninguna persona mínimamente normal habría caído en el engaño”. Por ello, aplicaron la doctrina de autoprotección, según la cual la víctima debe adoptar medidas para evitar ser estafada.
El Tribunal además consideró que no había conducta criminal probada y absolvió al acusado, dado que la decisión de realizar estas transacciones parece apuntar a “intereses de otra naturaleza”.
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Sin embargo, esta resolución no es nueva fuera de España. En Portugal se han comprobado miles de decisiones similares. Algunos abogados consultados por El Economista consideran que abusar de este principio puede dejar sin protección a personas vulnerables o de buena fe que creen en este tipo de proyectos, que finalmente resultan ser estafas.
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