Sociedad

Obligan a un funcionario a jubilarse a los 65 años, pide seguir en activo y la Justicia dicta sentencia con improcedente

El Ayuntamiento de Bilbao es obligado a readmitir a un funcionario jubilado a los 65 años. La Justicia declara improcedente su jubilación.

nathaphat | DiarioAS
Redactor en As América
Nació en Zamora en 2004. Es estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y este es su primer trabajo en el mundo de la comunicación. Llega como becario a Diario AS en 2025, y es parte del equipo de AS América.
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado al Ayuntamiento de Bilbao permitir que un funcionario municipal continúe en servicio activo hasta los 70 años. La resolución obliga al consistorio a readmitir al trabajador y a abonarle las retribuciones que dejó de percibir tras ser jubilado de forma obligatoria al cumplir los 65 años.

La sentencia concluye que la decisión municipal no se ajustó a derecho. El tribunal reconoce que el empleado tenía derecho a prolongar su actividad hasta la edad máxima permitida en su caso, siempre que cumpliera los requisitos establecidos.

El fallo judicial declara improcedente la jubilación aplicada y establece que el funcionario debe reincorporarse a su puesto en las mismas condiciones que tenía antes de su salida. Determina que el Ayuntamiento deberá pagar los salarios no percibidos desde el momento en que fue apartado del servicio.

El origen del conflicto

En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Bilbao acordó la jubilación forzosa del funcionario, pese a que este había solicitado continuar en activo. La petición fue rechazada sin que el consistorio aportara razones objetivas vinculadas a las necesidades del servicio, lo que llevó al trabajador a recurrir a la vía judicial.

En 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbao dictó una primera sentencia favorable al empleado, reconociendo su derecho a seguir en activo y ordenando su readmisión. Pero ese fallo no se pronunció sobre los salarios dejados de percibir y le instó a reclamarlos mediante un procedimiento adicional.

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La resolución del Tribunal Superior desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento y confirma que la prórroga del servicio estaba amparada por la normativa interna de la institución. El tribunal también subraya que la actuación municipal, al nombrar a una funcionaria interina para facilitar el traspaso de conocimientos, evidenciaba que el trabajador seguía siendo apto y necesario.

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