Le ordenan derribar su casa de 207.000 euros y podría ir a la cárcel: si el plan falla se muda a España

Mark Jones, un ciudadano británico de 55 años y padre de dos hijos, protagoniza estos días una batalla legal y personal contra el Ayuntamiento de Birmingham que ha captado la atención pública en Reino Unido. ¿El motivo? La construcción de un bungalow valorado en 180.000 libras (más de 207.000 euros) en el jardín trasero de la casa de su exmujer, sin contar con el permiso urbanístico necesario. El consistorio le ha exigido su demolición inmediata bajo amenaza de multa y, en caso de continuar desobedeciendo, incluso pena de prisión.

Según informa The Sun, Jones, que vive actualmente en la vivienda junto a su hija y su pareja, se niega a derribarla. Afirma que levantó el bungalow en 2019 para acoger a su padre, gravemente enfermo de cáncer, creyendo que la construcción se ajustaba a los límites del desarrollo permitido, el cual en Birmingham se pude hacer sin permiso de planificación.

Sin embargo, poco después recibió una notificación oficial exigiendo una solicitud de dicho permiso, que fue denegada. A pesar de ello, siguió adelante con la obra, convencido de que la acreditación le sería finalmente concedida. No fue así: en octubre de ese mismo año murió su padre, y en noviembre llegó una segunda denegación, seguida de una apelación fallida.

El conflicto no ha terminado ahí. Ahora, el Ayuntamiento de Birmingham considera que la vivienda debe demolerse de inmediato por haberse incumplido la orden de ejecución, emitida ya en 2021. El plazo para hacerlo venció en junio de 2025. No obstante, Jones ha iniciado una protesta diaria frente al consistorio en Victoria Square, acompañado de sus dos perros, argumentando que no se le ha escuchado y que la administración ha fallado en su deber de informar correctamente.

“No quiero rendirme. Si pierdo, viviré en una caravana tres meses y lo derribaré ladrillo a ladrillo. O me iré a España”, ha declarado a The Sun. “Lo hice por mi padre. Sabía que necesitaba ayuda, y no pensé que construir una casita en un jardín fuera a acabar en esto”.

¿Y si esto ocurriera en España?

Casos como este no son exclusivos del Reino Unido. En España también se dan conflictos similares, cuando ciudadanos construyen viviendas, ampliaciones o anexos sin la debida autorización. La diferencia es que el marco legal español está más claramente delimitado.

En nuestro país, cualquier obra que altere la configuración de una parcela requiere licencia urbanística. Si esta no se solicita o se incumple, el Ayuntamiento correspondiente puede iniciar un expediente de disciplina urbanística, que puede terminar con una orden de demolición.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que en estos casos es clave actuar con rapidez y contar con asesoramiento legal. Si se recibe una notificación de infracción, lo primero es revisar el expediente completo, verificar si se ha respetado el procedimiento legal, y, en su caso, presentar alegaciones o intentar regularizar la obra mediante una solicitud de legalización.

Algunas edificaciones, si no contravienen el plan urbanístico, pueden ser legalizadas tras pagar una sanción. Pero si se ha construido sobre suelo no urbanizable, protegido o fuera de ordenación, es prácticamente imposible evitar el derribo.

Además, la ley española establece que estas infracciones prescriben generalmente en 4 a 6 años desde la finalización de la obra, dependiendo de la comunidad autónoma. Pasado ese tiempo, la administración pierde el derecho a exigir la demolición. Sin embargo, si hay una orden de ejecución activa, como en el caso de Jones, el margen de actuación se reduce considerablemente. En España, la desobediencia reiterada a una orden urbanística puede acarrear multas coercitivas y, en casos extremos, responsabilidad penal.

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