La UE abre un expediente a España por el equipaje de mano
Bruselas advierte que la legislación europea protege la libertad de fijación de precios aunque el equipaje de mano debe ser gratuito bajo ciertos requisitos.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de sanción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace un año a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por llevar equipaje de mano o reservar asientos para acompañar a personas dependientes, según ha informado Europa Press.
Las compañías aéreas han sostenido siempre que la Comisión Europea ha defendido la libertad de las aerolíneas para fijar las tarifas y cuestionaron a España por exigir por ley que el equipaje de cabina fuese gratuito, ya que, según ellos, esto suponía una injerencia en dicha libertad.
Este ha sido uno de los motivos por los cuales Ryanair ha decidido quitar rutas en España, como por ejemplo la suspensión de vuelos a Vigo o Tenerife Norte desde el 1 de enero de 2026.
Plazo de dos meses para resolver diferencias con Bruselas
Desde Bruselas se considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad para fijar precios. España tiene un plazo de dos meses para responder a estas irregularidades.
En un comunicado, la Comisión Europea declara que la legislación europea “garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios”, aunque el equipaje de mano “debe ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables”.
“El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas”, añade el comunicado. Esto no aplica a España, pero la Comisión Europea añade que la sanción de 179 millones de euros vulnera la reglamentación comunitaria.
Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, considera “lamentable” que la Comisión Europea haya decidido “interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos, a los que ni siquiera ha escuchado”, según se ha podido saber por unas declaraciones enviadas a Europa Press.
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Mediante esta sanción se abre un periodo de dos meses para que Bruselas y Madrid resuelvan estas diferencias. En caso de que no consigan acercar posturas, se iniciaría la segunda fase, que supone un nuevo plazo de diálogo, antes de comenzar la última etapa, que sería llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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