La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si el perro de tu vecino no deja de ladrar, puedes acudir al artículo 6
La normativa permite a las comunidades regular la convivencia y actuar frente a actividades molestas que alteren el descanso vecinal.
Los conflictos por ruidos son una de las quejas más habituales en las comunidades de propietarios. Entre ellos, los ladridos continuos de un perro pueden convertirse en un problema cuando afectan al descanso o a la tranquilidad del edificio.
En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) ofrece herramientas legales para actuar, y uno de los puntos de referencia es su artículo 6.
Este artículo establece que la comunidad puede aprobar estatutos para regular aspectos de convivencia y uso de los inmuebles, siempre dentro de los límites legales. Es decir, si los estatutos comunitarios contemplan normas relativas a ruidos, tenencia de animales o actividades que puedan resultar molestas, dichas disposiciones pueden servir de base para exigir el cese de conductas que perjudiquen al resto de vecinos.
No obstante, la regulación no se limita únicamente a ese precepto. La propia ley también contempla la posibilidad de actuar frente a actividades “molestas, insalubres o perturbadoras”, (a través del artículo 7.2), lo que incluye ruidos reiterados que excedan la tolerancia normal en un entorno residencial.
Qué pasos puede dar la comunidad
Cuando los ladridos de un perro son constantes y afectan a la convivencia, el primer paso suele ser la vía amistosa: comunicar la situación al propietario del animal para intentar una solución. Si el problema persiste, el presidente de la comunidad, previa autorización de la junta de propietarios, puede requerir formalmente el cese de la actividad molesta.
En caso de que no haya respuesta, la comunidad puede iniciar acciones legales. Los tribunales valoran factores como la frecuencia e intensidad del ruido, la existencia de denuncias previas o informes acústicos y el incumplimiento de normas internas o municipales.
En paralelo, también es posible acudir a la normativa municipal sobre ruidos o a ordenanzas de protección animal, que suelen fijar límites y horarios.
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En definitiva, la Ley de Propiedad Horizontal respalda el derecho al descanso y a la convivencia pacífica. Si los ladridos de un perro superan lo razonable y no se corrigen tras el diálogo, el marco legal ofrece mecanismos para proteger a los vecinos afectados.
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