Sociedad

La inminente amenaza de los funcionarios al Gobierno si no hay subida de salarios: “Una jornada de huelga”

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT anuncian este martes un plan de movilizaciones que podría culminar en huelga si no se desbloquea ya la negociación salarial con el Gobierno.

Carlos Luján
Actualizado a

Las centrales sindicales de la función pública han decidido dar un paso más allá en su estrategia de presión. Tras meses de reclamaciones, CSIF, CCOO y UGT han comunicado que activarán un calendario de movilizaciones a partir de finales de octubre y, si no se produce un avance significativo, la convocatoria de una jornada de huelga no está descartada.

El detonante ha sido la acusación contra el Ministerio de Función Pública, que según los sindicatos “bloquea la negociación colectiva”. Según estas organizaciones, el malestar no es reciente y denuncian una pérdida continua de poder adquisitivo desde 2021, especialmente en 2025, cuando los sueldos públicos han quedado prácticamente congelados.

Las cifras en disputa

Los sindicatos exigen que la revalorización salarial para 2025 tome en cuenta el IPC (que señalan ronda un 2,8 %) y que se acuerden otros compromisos estructurales: jornada de 35 horas semanales, reducción de la temporalidad en las plantillas públicas, mejoras en la carrera profesional y reforzamiento general de recursos humanos.

Para los sindicatos, la suma de todos estos pendientes conforma una deuda acumulada del Gobierno con los empleados públicos, no solo en términos materiales sino también de confianza institucional.

Calendario de acción

El plan de las organizaciones es hacer público el martes 14 de octubre los detalles del calendario de movilizaciones. Las protestas comienzan a finales de octubre y se prolongarán hasta diciembre si no hay avances. En ese sentido, ya se advierte que la opción de convocar una jornada de huelga será considerada si el Gobierno no responde con concreción.

En sus declaraciones públicas y en redes sociales, CSIF ha cargado contra el ministro Óscar López, acusando al Ejecutivo de emplear a los empleados públicos como “rehenes” o “moneda de cambio” en la negociación parlamentaria de los Presupuestos. En particular, critican que vincule la subida de sueldos a unas cuentas aún sin aprobar, cuando en ejercicios anteriores los incrementos salariales se han aplicado incluso bajo presupuestos prorrogados.

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