Denuncia un robo en su empresa, le despiden de forma fulminante y la Justicia actúa: improcedente y 25.000 euros en su bolsillo
El trabajador inició una disputa judicial con la empresa que duró más de dos años.
Un trabajador francés es despedido tras advertir de un posible robo en su centro laboral. Ahora, el Tribunal de apelaciones en Francia ha calificado el despido como improcedente y ha obligado a la empresa a compensar al trabajador con 25.500 euros.
El incidente ocurrió durante un turno nocturno en una fábrica al norte de Francia, cuando el empleado, que llevaba en la empresa desde 2013, observó a un compañero transportando barreras de metal sin autorización. Consideró que se trataba de un acto ilícito y decidió informar de inmediato a su jefe. Sin embargo, el superior le aseguró que la retirada del material sí estaba autorizada, y que el trabajador se dirigía a un contendor en el que depositaría los materiales.
Sorprendentemente, el trabajador recibió a los pocos días una carta de despido que argumentaba un “comportamiento inadecuado”, a pesar de haber seguido el protocolo pertinente.
La disputa legal se prolongó más de dos años. En primera instancia, el tribunal laboral dio la razón a la empresa, ordenando al empleado a pagar 1.500 euros de indemnización. No obstante, el trabajador continuó luchando, insistió en que su única intención era proteger a la empresa, afirmando: “Simplemente estaba denunciando un hecho”.
Tras la apelación del trabajador, el caso cambió de rumbo. El tribunal dedicó tiempo a investigar a fondo el caso: revisó las pruebas y el contexto. Cuando los magistrados comprobaron el intachable expediente laboral del trabajador, concluyeron que el motivo de apelación del trabajador era “proporcionado y razonable”.
El tribunal reconoció su fallo y subrayó que el castigo de un empleado por alertar sobre conducta potencialmente delictivas iba en contra de los principios de buena fe en el entorno laboral. “La denuncia de hechos potencialmente delictivos no puede ser motivo de sanción laboral, siempre que se actúe con honestidad y sin mala intención”, señaló el tribunal.
De esta manera, procedió a obligar a la empresa al pago de costes judiciales, calificando el despido de improcedente.
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Tras este caso, los sindicatos y expertos en derecho laboral han remarcado la necesidad de proteger a los trabajadores que actúan con integridad, a través de políticas claras que no den pie a ambigüedades como la ocurrida. La sentencia ha marcado un precedente importante en la defensa de la ética profesional.
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