POLÍTICA

Sanidad quiere incluir la identidad de género y la renta en el historial clínico de los pacientes

El documento “Condicionantes sociales y del contexto familiar” se publicó en diciembre con la recomendación de implementarlo en la historia de salud.

Alejandro Martínez VélezEuropa Press

El Ministerio de Sanidad de España presentó en diciembre una propuesta para incluir los determinantes sociales de la salud en el historial clínico de los españoles. Entre ellos, la identidad de género y orientación sexual, la clase social, el territorio en el que se vive, la migración y el origen de las personas, según recoge el documento, para analizar la ‘desigualdad social en salud’.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo explicó cómo funcionan estos determinantes en su Glosario de Promoción de la Salud: “Las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y del ambiente en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y sus posibilidades de acceso al poder, a la toma de decisiones, recursos y dinero que mejoren dichas condiciones, incluido el sistema de salud”.

El objetivo no es otro que el de contextualizar la situación de cada paciente para evaluar el estado de salud de cada persona. Por ejemplo, si su situación económica le impide el acceso a alimentos frescos o a pagar el alquiler, si ha dificultado su paso por la formación básica… En definitiva, conocer el entorno familiar y social en el que ha crecido cada persona y analizar cómo ha podido afectar a su salud.

Clase social y nivel educativo

El documento, titulado “Condicionantes sociales y del contexto familiar”, se publicó para que “los equipos profesionales puedan conocer y tener en cuenta las condiciones de vida de la persona a la hora de hacer un diagnóstico, una recomendación, un seguimiento o una propuesta de manejo, de cuidados o de acción comunitaria, que deberán ser consensuados, haciendo partícipes a las personas en la toma de decisiones sobre su propia salud”.

Además de las clasificaciones mencionadas, como la de identidad sexual y migración, el documento propone incluir la clase social de cada persona, regulada por la renta percibida en un año natural, o bien por el tramo del IRPF del paciente. También el nivel educativo, la situación laboral, la clase social ocupacional y un cribado de pobreza.

De esta forma, el documento recomienda la implementación de estos datos en las bases de las Comunidades Autónomas para “facilitar la formación en abordaje biopsicosocial y entrenamiento periódico de la herramienta de registro”.

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