¿Quién es Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, quién lo nombra y de cuánto es su sueldo?

El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.

García Ortiz nació en Lumbrales (Salamanca) en 1967 y se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. Más tarde, en 1998, ingresó en la Carrera Fiscal y fue destinado como adscripción provisional a la fiscalía de Mahón en Menorca.

En 2002, fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde le nombraron fiscal especial Coordinador de Incendios de Galicia desde octubre de 2004. En esa comunidad autónoma vivió más de 18 años.

García Ortiz también fue miembro del Consejo Fiscal desde el 4 de abril de 2018, y en 2021, lo ascendieron a la categoría de fiscal de Sala y, finalmente, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Es en 2022 cuando el Gobierno le propuso como fiscal General del Estado tras la renuncia de Dolores Delgado, cargo que recibe finalmente en julio de 2022, hasta la actualidad. Tras el final de la anterior legislatura, el Gobierno volvió a proponerlo como fiscal General, una propuesta que no recibió el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con ocho votos frente a siete.

¿Cuánto cobraba?

Según la información pública, el sueldo Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado en España era de 132.235,68 euros anuales, es decir, 11.019,64 euros brutos al mes. Es uno de los cargos mejor remunerados en el Gobierno de España, superando incluso al del Presidente del Gobierno.

¿Quién le nombra?

El artículo 124.2 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

También recoge que no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.

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