ELECCIONES

¿Qué leyes quedan sin aprobar tras el adelanto electoral?

La disolución de las Cortes que ha anunciado este lunes Pedro Sánchez, deja en el aire 60 proyectos legislativos pendientes del Gobierno de coalición.

Jorge Peteiro Europa Press

Este lunes, tras conocerse los resultados electorales de los comicios municipales y autonómicos de gran parte del territorio español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha tomado una decisión. No va a agotar la legislatura del Gobierno de coalición y ha optado por adelantar las elecciones generales. Hasta ahora, estas estaban previstas para el próximo mes de noviembre, pero se van a celebrar el 23 de julio. Ello deja la política nacional en una coyuntura de tensión e incertidumbre en la que se quedan en el aire 60 leyes.

De ese número de normas, 25 proceden de decretos-ley que ya han entrado en vigor. Así ocurre con el derecho al olvido oncológico o la Ley de Familias, entre otras muchas. Con el decreto de disolución publicado, lo único que queda en funcionamiento es la Diputación Permanente del Congreso. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara ya no se volverá a reunir hasta que se celebre la sesión constitutiva de la próxima legislatura. Y ello no está previsto que ocurra hasta mediados de agosto.

Estas son algunas de las iniciativas que se han quedado en el aire:

La Ley de Familias

Una de las medidas que se había propuesto el Gobierno de coalición dejar aprobada antes del final de su legislatura es la Ley de Familias. Esta planteaba reconocer una mayor diversidad de situaciones familiares, a la par que proponía una serie de permisos retribuidos para el cuidado de los hijos, pero también de padres y convivientes. En concreto recogía tres:

  1. Cuidado de cinco días al año: El Estado planteaba dar a cada trabajador y trabajadora un total de cinco días al año, retribuidos, que podían destinar para cuidar a cualquier familiar de hasta segundo grado o conviviente.
  2. Permiso de ocho semanas: Otro de los casos que planteaban desde el Ministerio de Derechos Sociales era dar a los trabajadores un total de ocho semanas. Estos podían disfrutarlos de manera continua o discontinua a lo largo del curso hasta que el menor a su cargo cumpliera los ocho años.
  3. Cuatro días por atención inmediata: El último de estos permisos consistía en dotar a las personas trabajadoras de hasta cuatro días retribuidos para poder ausentarse de su puesto para atender a algún familiar que requisiera atención inmediata.

El proyecto de ley de esta iniciativa llegó hace apenas unos meses al Congreso. Y, aunque se espera que se tramitara de manera más rápida, Esquerra Republicana retrasó su aprobación. Ahora, con el adelanto electoral, no se va a aprobar.

El Plan de Justicia 2030

El Ministerio de Justicia lleva dedicando parte de la legislatura a impulsar un proyecto en esta materia con las comunidades autónomas. Este, denominado Plan de Justicia 2030, contemplaba “ambiciosos proyectos de transformación del Servicio Público de Justicia”, en palabras de la ministra, Pilar Llop. En concreto, lo que se buscaba era un “cambio organizativo” en el sistema con el fin de hacerlo más eficiente.

Para ello, buscaban este cambio sustentándolo en tres leyes: la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital.

La Ley Darias

Otro de los objetivos del Ejecutivo en esta legislatura estaba vinculado a blindar el derecho de la sanidad pública. Y así lo querían dejar recogido con el proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, también denominada “Ley Darias”. Con esta, el Gobierno apostaba por gestionar de manera directa los servicios sanitarios como modelo a seguir y, además, impedir la creación de copagos en esta materia.

La norma generó debate entre el Partido Socialista y su socio minoritario del Ejecutivo: Unidas Podemos. La formación morada protestaba por la falta de límites que el texto de Darias dejaba a la privatización. Una privatización que comenzó con el gobierno de Aznar. Sin embargo, un acuerdo entre los dos partidos hizo que Podemos diera luz verde a la misma. A cambio de que el partido de Ione Belarra le diera su apoyo, los socialistas se comprometieron a ir modificando su ley a medida que esta se fuera tramitando. Ahora, con el adelanto electoral, no entrará en vigor.

El derecho al olvido oncológico

Una de las grandes propuestas del Ejecutivo de Sánchez, que ahora no verá la luz. Desde hace tiempo llevan tramitando la posibilidad de dar derecho a la ciudadanía al olvido oncológico, una de las peticiones históricas de las organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer. Con esta iniciativa lo que se buscaba era acabar con la discriminación que sufren los pacientes que ya han superado la enfermedad en un período de cinco años.

El presidente del Gobierno anunció su intención de aprobar esta iniciativa hace relativamente poco, pero se comprometió a que entrara en vigor el próximo mes de junio y que, a partir de entonces, estuviera prohibido pedir el historial médico a cualquier persona cuando fuera a contratar algún tipo de servicio o se suprimieran las cláusulas que hasta ahora existían para contratar seguros de vida e hipotecas.

La Agencia Estatal de Salud Pública

Otra de las iniciativas que el Gobierno buscaba poner en marcha durante esta legislatura pasaba por crear una Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Se trataba de un organismo que, dependiente del Ministerio de Sanidad, iba a ser el encargado de responder ante las posibles emergencias de salud que fueran a surgir. Una idea que data de 2011, pero que, tras pasar la situación motivada por la COVID-19, se ha tornado más urgente.

La idea de esta agencia consistía en que sirviera “para ser capaces de planificar y anticiparnos al futuro”, aseguró la ministra Darias, en declaraciones recogidas por El País. Su intención pasaba por hacerlo “por la determinación y compromiso para generar estructuras organizativas operativas, ágiles, autónomas y eficaces, capaces de hacer frente a nuevos riesgos y amenazas de salud”. “Era una iniciativa demandada tanto por los profesionales, la ciudadanía, y el arco parlamentario”, apostilló.

La Ley de Vivienda

La Ley de la Vivienda, a diferencia de las aquí destacadas, ya está aprobada. Pero la actual coyuntura política, tanto nacional como regional, hace que su cumplimiento peligre. Ahora que gran parte de los municipios y autonomías estatales van a pasar a estar bajo la batuta del Partido Popular, que se ha opuesto —y se sigue oponiendo— a la norma.

Otras iniciativas

Estas no son las únicas normas y derechos que se prometieron blindar al principio, o a lo largo, de la legislatura.

Trabajo

El departamento de Yolanda Díaz también se deja deberes pendientes en esta legislatura. La llegada prematura de los próximos comicios ha hecho que se queden sin aprobar iniciativas como el nuevo estatuto del becario. Hasta ahora, la ministra y vicepresidenta del Ejecutivo había estado negociándolo, del mismo modo que con la reforma laboral, con sindicatos y patronal. Asimismo, la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo tampoco ha quedado ultimada y lo mismo ha ocurrido con la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la Agencia Española de Empleo.

Cultura

En materia cultural también van a quedar trámites sin finiquitar. La Ley del cine y la cultura audiovisual, por ejemplo, estaba pendiente. Sólo le faltaba pasar por el Senado y que la Cámara Alta le diera su visto bueno. Y no sólo esto. También queda en standby la tramitación de la de Enseñanzas Artísticas.

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