¿Qué es la inmunidad parlamentaria que tienen los eurodiputados y de la que se beneficiará Alvise Pérez?

Las elecciones europeas ya son historia y, después de un año marcado por varios comicios autonómicos (Galicia, País Vasco y Cataluña), los ciudadanos españoles no divisan unas nuevas urnas en un futuro a corto plazo. En las votaciones a la Eurocámara hubo una gran sorpresa en España, como fue la presencia de Se Acabó la Fiesta, el partido sin programa electoral fundado por Luis ‘Alvise’ Pérez.

Con más de 800.000 votos, han conseguido contar con tres representantes en la Eurocámara. Todos ellos, como el resto de eurodiputados que componen el Parlamento Europeo, contarán con lo que se conoce como inmunidad parlamentaria, un derecho político reconocido por la propia cámara para garantizar “que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin estar expuesto a una persecución política arbitraria”.

En el caso de Alvise, siempre ha manifestado su deseo de adquirir este derecho para poder seguir con lo que define como su “lucha contra el sistema”, denunciando las supuestas corrupciones de políticos y partidos sin correr el riesgo de ser denunciado por ello. Tal y como explica el Parlamento Europeo, los eurodiputados, en virtud de esta inmunidad, “no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en su calidad de diputados”.

De este modo, cuentan con la condición de aforados: solo pueden ser juzgados a través de una solicitud, que debe ser aceptada por el Parlamento para suspender dicha actividad, son juzgados directamente por el Tribunal Supremo (y no por uno ordinario) y la inmunidad concedida es similar a la fijada en el país de cada eurodiputado. Además, no pueden ser detenidos ni procesados en cualquier otro territorio de la Unión Europea. No obstante, esta inmunidad no puede invocarse en caso de delito flagrante (sorprendido en el momento del mismo).

¿Se puede suspender la inmunidad?

Sí, así lo indica el Parlamento Europeo. Para que esto suceda, las autoridades nacionales del país en cuestión deben emitir una solicitud a la Eurocámara, cuyo presidente la traslada a la comisión competente en Asuntos Jurídicos. Dicha comisión puede pedir la información o explicación que sea necesaria para valorar el caso, mientras que el eurodiputado tendrá la oportunidad de ser escuchado, pudiendo presentar documentos o cualquier tipo de prueba escrita que sea procedente.

Tras ello, la comisión adopta una recomendación a puerta cerrada, que posteriormente presenta al Parlamento. En la sesión plenaria posterior a la decisión, el Parlamento finalmente decide por mayoría simple si retirar la inmunidad del eurodiputado. Después de la votación, el presidente comunica la decisión al diputado y a la autoridad competente del Estado miembro.

Lo que no puede decidir el Parlamento Europeo es retirar el escaño de un diputado. “El mandato de un diputado al Parlamento es un mandato nacional; ninguna otra autoridad puede revocárselo”, indica el estamento europeo. Además, como recuerda, el hecho de la suspensión no supone directamente un veredicto sobre su culpabilidad, sino que “simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder con una investigación o un juicio”. Llegado el caso, son las autoridades de cada país las que deciden si alguien debe perder su escaño.

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