LEY DE AMNISTÍA

PSOE, ERC y Junts llegan a un acuerdo por la ley de amnistía

El Presidente del Gobierno aseguró que los implicados en el procés serán amnistiados y que la ley ofrecerá “más garantías”. No desveló qué cambiará.

Eduardo ParraEuropa Press

PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo para aprobar la ley de amnistía. Así lo avanzó a primera hora de la mañana el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a periodistas que le acompañaron a un viaje a Brasil y a Chile, y ha sido confirmado esta tarde en un comunicado que se produce un día antes de que se vote el proyecto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos internacionales”, dice el escrito.

Sin embargo, no se detallan los cambios en el texto publicado y tampoco queda claro si hay modificaciones en la consideración de terrorismo o no, uno de los puntos claves sobre los que versaba la tensión entre los socialistas y los independentistas: “El contenido íntegro de dicha transacción se dará a conocer mañana (este jueves), antes de la Comisión de Justicia del Congreso”.

Sobre esta medida de gracia a los implicados en el procés, la clave de bóveda de la presente legislatura, Sánchez sí había anticipado cambios en el texto con el fin de que la ley ofrezca “más garantías” y todos sean amnistiados.

Pese a esos cambios introducidos, Sánchez insistió en que la ley es “absolutamente constitucional” y “conforme al derecho europeo”. Así lo expuso ante los medios. “Se van a afianzar todos los parámetros, a dar más seguridad y más garantías”. Será este jueves 7 de marzo cuando la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debatirá si la ley debe seguir la tramitación parlamentaria correspondiente.

Rechazo de Junts y apertura de causa penal contra Puigdemont

Un paso decisivo que llega también tras el debate abordado por la Comisión de Venecia, donde el órgano instó a todas las autoridades españolas “a tomar el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de lealtad y de cooperación” entre las instituciones estatales. También entre Gobierno y oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política.

El pasado 30 de enero Junts tumbó en el Congreso de los Diputados la ley presentada por el PSOE. Una votación que acabó con 171 votos a favor y 179 en contra, incluidos los siete diputados de la formación liderada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont. La petición de Junts de incluir los delitos de terrorismo y alta traición no fue aceptada por el socio mayoritario del Gobierno de coalición y, por ello, votaron en contra.

Desde que se rechazara la ley y volviese a la comisión de Justicia, el Tribunal Supremo abrió una causa penal a Puigdemont por terrorismo en el ‘caso Tsunami Democràtic’, y al diputado de ERC en el Parlament, Rubén Wagensberg. La sala del Supremo argumentó dicha decisión tras analizar la exposición realizada por Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, en la que apuntaba presuntos indicios de la participación de ambos políticos en los hechos investigados.

Presupuestos

Junto con la ley de amnistía, otra de las claves del devenir de esta legislatura estará en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sánchez confirmó a finales del pasado la prórroga de las últimas cuentas públicas, de 2023, de la pasada legislatura. El Presidente no vinculó la aprobación de la amnistía a la de los Presupuestos, aunque sí mencionó la voluntad de sacarlos adelante.

Desde Moncloa trabajan con la idea de aprobar las cuentas de 2024, sin tener que esperar a negociar las del año 2025 y tener que continuar durante el presente ejercicio con las últimas cuentas de la pasada legislatura. “Si podemos aprobar los de 2024, no vamos a esperar a los de 2025″, dijo Sánchez, en declaraciones recogidas por El País.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fijó como prioridad la aprobación de los Presupuestos de 2024, con el fin de profundizar el despliegue de los fondos europeos. Montero ofreció su mano tendida al resto de grupos parlamentarios para “trascender dinámicas partidistas”.

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