Los herederos del histórico Sultán de Joló casi le ganan a España 15.000 millones de euros: la razón, un contrato ‘olvidado’ de 1878
Joló (Filipinas) fue territorio español en el siglo XVIII. El tribunal considera que reclamación “carece manifiestamente de mérito jurídico”, y condena a los demandantes a asumir los gastos del procedimiento.
El Banco Mundial, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ha desestimado la demanda de 15.500 millones de euros presentada por los herederos del antiguo sultán de Joló contra España. El tribunal concluyó que no existía inversión protegida bajo el tratado bilateral España - Filipinas, por lo que carecía de jurisdicción, y además condenó a los demandantes a asumir los costes del procedimiento y los honorarios de España.
Un conflicto con raíces coloniales
La disputa se remonta a 1878, cuando el sultán de Joló, autoridad local en el archipiélago filipino, firmó un contrato de arrendamiento con empresarios europeos sobre territorios en el norte de Borneo. Aquella zona, que entonces parecía periférica, se transformó con el tiempo en una región estratégica por sus reservas de petróleo y gas.
Tras la caída del Imperio Español en Filipinas y la posterior administración británica y malaya, el acuerdo se mantuvo mediante pagos simbólicos. Sin embargo, en 2013 Malasia dejó de abonar la renta, lo que llevó a los herederos a iniciar una batalla legal internacional. En 2022, un tribunal arbitral en París les concedió un laudo millonario contra Malasia, pero los intentos de ejecución se toparon con obstáculos en varios países, incluido España.
La defensa española y el fallo del CIADI
Los herederos acusaron a España de interferir en el cobro del laudo, alegando violación de compromisos internacionales. España defendió que el caso debía cerrarse en fase preliminar, argumentando que no existía relación de inversión protegida ni responsabilidad estatal. El CIADI ha dado la razón a España, cerrando definitivamente el procedimiento.
Este fallo no solo supone una victoria jurídica para España, sino que refuerza su posición en derecho internacional y marca un precedente sobre los límites de los tratados bilaterales en casos con raíces históricas. Además, pone fin a una controversia que conecta la historia colonial del sudeste asiático con los actuales conflictos por recursos energéticos.
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Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han celebrado la decisión, “este fallo refuerza la posición de España como Estado que cumple con el derecho internacional y el principio de seguridad jurídica”, señalaron. Por su parte, la Abogacía del Estado, que lideró la defensa, calificó la resolución como “una victoria rotunda” y destacó que “marca un precedente importante para limitar reclamaciones basadas en laudos históricos sin conexión real con inversiones en territorio español”.
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