DECRETO ANTICRISIS

La petición de Junts para apoyar los decretos: sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña, el Gobierno opta por los incentivos

El partido de Carles Puigdemont busca con esta medida incluir beneficios fiscales a las empresas que se marcharon de la región en 2017.

Europa Press

El ‘decreto anticrisis’ del Gobierno, cuya convalidación en el Congreso precisa de mayoría parlamentaria para que salga adelante, pende de un hilo. Ahora mismo, Junts se mantiene en votar en contra de las medidas incluidas en el escudo social.

Aun así, la formación de Carles Puigdemont sigue dispuesta a negociar con el Ejecutivo de coalición. Entre las propuestas presentadas, se encuentra la de incluir beneficios fiscales a las empresas que regresen a Cataluña, y sanciones para aquellas que no deseen volver a territorio catalán. De este modo, Junts pretende poner cerco a aquellas compañías con sede en otros territorios y que mantienen su centro operativo en la región.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que el objetivo pasa por “garantizar al seguridad jurídica” de las empresas, así como el respeto a la Ley de Sociedades del Capital. En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo lo siguiente. “Estamos hablando con Junts de cómo podemos manejarnos para facilitar esa vuelta de las empresas”. Según informa El País, la alternativa del Ejecutivo pasaría por proponer incentivos fiscales, en lugar de sanciones a las empresas.

Una reivindicación sumada a otras realizadas también por los nacionalistas, como son no incrementar el IVA a la energía, eliminar los impuestos del aceite, o aumentar del 10 al 16% los fondos europeos para a la digitalización de la Justicia en Cataluña, según informa elDiario.es. Desde Junts aseguraron que el ‘no’ está motivado por dos factores. El primero, una posible invasión de competencias que, a su juicio, agravaría la financiación para la Generalitat; y el segundo, que el decreto pueda torpedear la ley de amnistía.

La propuesta de Junts en relación con las multas a las empresas con sede fuera de Cataluña, viene precedida por la salida de muchas de ellas en el año 2017 a raíz de la crisis territorial en la región y en pleno ‘procés’, con el 1 de octubre de fondo. Madrid fue el principal destino de la mayoría, aunque otras tienen su sede en otras ciudades del país como Valencia, Alicante, Palma o Málaga.

Caixabank, Sabadell y Catalana Occidente, entre las que abandonaron

Desde entidades financieras hasta compañías de seguros, pasando también por energéticas o de la industria de la alimentación. Todas las empresas que abandonaron Cataluña eran de diversa índole. De todas las que trasladaron su sede a otros territorios de España, se encuentran algunas como Caixabank, que trasladó la sede de su Fundación Bancaria a Palma y su sede social a Valencia.

También abandonaron Cataluña otras como Banco Sabadell, Catalana Occidente, Axa, Allianz, Adeslas, Divina Pastora Seguros, Naturgy, Grupo Planeta, Bruixa d’Or, Bimbo, Pastas Gallo, Argal, Codorníu, Cervezas San Miguel, Laboratorios Ordesa, Applus, Abertis, Inmobiliaria Colonial, Cellnex, eDreams o la cadena hotelera Hotusa. Junts y PSOE alcanzaron un pacto para promover el regreso de las empresas a Cataluña que cambiaron su sede social en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

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