El pacto al que había llegado el novio de Ayuso con la jueza se frustró en el último momento
El acuerdo, según ha desvelado ‘El País’, suponía pagar 491.000 euros y aceptar ocho meses de cárcel. Al tratarse de una condena inferior a los dos años, no implicaría entrar en prisión.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha librado esta semana de declarar. Ahora bien, no ha podido ejecutar su plan, que pasaba por admitir varios delitos, llegar a un pacto -con una serie de particularidades- con Fiscalía y Abogacía del Estado y pasar página.
¿Por qué? Está claro: la jueza ha aceptado un escrito del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid que solicita la ampliación de la investigación a otros cuatro delitos. Con ello, se ha impedido que ese acuerdo previo se llevara a cabo y se ha exigido más tiempo para estudiar el caso.
En profundidad
Al parecer, según ha adelantado ‘El País’ el pacto incluía como sanción una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es, 60.000 euros (40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (40% de 195.951,41 euros). Estas cuantías debían sumarse a los 350.951 euros defraudados y a unos intereses de 2.493,10 euros.
En total, la suma era de 491.824 euros. Y no solo eso: su castigo incorporaba ocho meses de cárcel, lo que no implicaría entrar en prisión al tratarse de una condena inferior a los dos años, por los delitos de fraude fiscal en concurso con dos de falsedad en documento mercantil.
Más detalles
Por si esto fuera poco, había que sumar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Sí, durante nueve meses, uno por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública. También se incluían penas contra otros dos cooperadores necesarios en la elaboración de facturas falsas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, y el sevillano David Herrera Lobato.
Al primero, conviene señalar, se le condenaba a penas de tres meses y 15 días de prisión, así como una multa de 122.832 euros. Para el segundo, el castigo de prisión era menor, más concretamente, de dos meses y 15 días y multa de 29.392 euros.
“Un asunto político contra Díaz Ayuso”
Claro está, en caso de que se amplíe considerablemente el número de delitos (administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable), la pena y la multa debería ser mayor a la acordada. Algo lógico y normal.
Fuentes del entorno de Amador han explicado a ‘EFE’ que este movimiento de los dos partidos políticos mencionados con anterioridad es “una jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso”.
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