El novio de Ayuso demanda a María Jesús Montero: le pide 40.000 euros
González Amador, que presentó el recurso en el Supremo contra la vicepresidenta primera del Gobierno, reclama dicha cantidad por intromisión en el derecho al honor.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una demanda contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Tribunal Supremo. Un recurso con el que reclama 40.000 euros por intromisión en el derecho al honor.
La demanda llega después de que, según informan El Confidencial y EFE, la vicepresidenta no acudiera el pasado 2 de octubre a un acto de conciliación que se convocó en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid. Un acto convocado dadas las declaraciones que Montero realizó acerca de González Amador los días 12 de marzo, y 3, 23 y 24 de octubre, tal y como recoge la agencia de noticias.
Respecto al primer día, el 12 de marzo, González Amador hace alusión a las palabras pronunciadas por la vicepresidenta en la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando dijo que la presidenta madrileña podría “estar viviendo en un piso que se pagó con un fraude” a la Hacienda Pública. Aquel día, Montero pidió a Díaz Ayuso que diera explicaciones y actuara con “absoluta transparencia” acerca de las informaciones que se publicaron al respecto.
También realizó esas declaraciones en referencia a las primeras informaciones acerca de la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra el empresario, en las que acusó de haber defraudado al erario público más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021. El pasado marzo, la defensa del novio de Ayuso acusó a la vicepresidenta de incurrir en un delito de revelación de secretos.
Querella contra otros miembros del Gobierno
María Jesús Montero no ha sido la única a la que González Amador ha reclamado una cuantía económica. Hace tres semanas González Amador inició el proceso para presentar una querella contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haberlo llamado “delincuente confeso”.
Según informó El País, al Jefe del Ejecutivo, su defensa le reclamó una cantidad de 100.000 euros, y de 50.000 euros para el ministro en sendas solicitudes de conciliación. Por otra parte, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le exigió un total de 20.000 euros tras no alcanzar un acuerdo. Un acto convocado a raíz de unas declaraciones de la propia Rodríguez tras un Consejo de Ministros, en las cuales manifestó que “la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda”.
Por último, presentó hace dos meses una demanda por intromisión al honor contra la ministra de Ciencia, Diana Morant, además de Más Madrid y PSOE.
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