Política

Ayuso rechaza 170 millones del Estado para las universidades de Madrid

La Comunidad de Madrid se convierte en la única que reniega cofinanciar las nóminas de los profesores.

Gustavo ValienteEuropa Press

La Comunidad de Madrid no ha anunciado, a falta de dos días para que termine el plazo, su intención de firmar el Programa María Goyri con el Gobierno Central, que inyectaría en las universidades autonómicas unos 170 millones de euros mediante la contratación de 656 profesores ayudantes doctor durante seis años. A cambio, la Comunidad de Madrid tendría que contratar a otros 435 ayudantes doctor, con una inversión de 112,3 millones durante seis años, y se comprometería a estabilizar a 1.091 científicos hasta que terminen sus carreras. Aunque quedan dos días, la Comunidad no firmará el contrato, según El País.

El miércoles finaliza el plazo para suscribir el programa y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha comunicado al Ministerio de Ciencia (con quien firmaría el contrato) su intención de sacar adelante el proyecto. Ante el silencio madrileño, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido “encarecidamente” a Ayuso que “se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.

Según Morant “no es comprensible ni explicable una decisión” como la de Ayuso”, ya que “perjudica seriamente a las universidades públicas madrileñas al perder la posibilidad de incorporar más de 1.000 profesores”. La ministra dice estar asombrada ante Ayuso porque “hay acuerdo con todas las comunidades autónomas menos con la suya”. Si finalmente se suscribe el contrato, la Comunidad podría beneficiarse del dinero estatal, pero ya en 2026, y no en 2025, como el resto de autonomías.

Todo esto ocurre en medio del episodio de tensiones entre el gobierno autonómico y las universidades públicas de Madrid, que, según explicó la vicerrectora de Economía de la Complutense, Begoña García Greciano, no van a poder reponer el profesorado “si no se firma el acuerdo María Goyri”. “Puede que haya aulas masificadas”, indicó la vicerrectora en un acto organizado el pasado jueves.

Una de las principales quejas de las comunidades es la forma en la que se regula la educación en España. El Gobierno central legista, mientras que las comunidades tienen las competencias y ponen el dinero para aplicar las normas. “Tú invitas, que yo ya pago la fiesta”, lo describe el exconsejero madrileño Enrique Ossorio. De esta forma, el Ejecutivo propuso a las comunidades el contrato de 3.400 profesores, y las autonomías gobernadas por el PP pidieron a Morant que su Ministerio financiase el 100% de esas nóminas, idea que finalmente abandonaron cuando la ministra se plantó. Finalmente, las comunidades del PP aceptaron cofinanciar esas nóminas, excepto Madrid.

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