POLÍTICA

Así aumentarán la baja por paternidad y los permisos parentales en 2024

Tratarán de remunerar el permiso de cuidado para el bienestar de ocho semanas por cada hijo a cargo, además de un nuevo permiso de cinco días.

Fernando SánchezEuropa Press

La ley de Familias, inicialmente programada para su aprobación en junio de 2023 antes del adelanto electoral, se pondrá en marcha en 2024 según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Vamos a avanzar en los próximos meses para que sea una realidad la remuneración del permiso de cuidado para el bienestar de ocho semanas por cada hijo a cargo”, aseguró el ministro sobre el nuevo permiso parental por cuidados, que hasta ahora no eran remuneradas.

Estos cambios responden a las críticas del Consejo de Estado sobre la falta de remuneración de este permiso, en línea con la directiva europea correspondiente, que el Gobierno se mostró dispuesto a modificar durante la tramitación parlamentaria interrumpida por las elecciones.

En su toma de posesión de los altos cargos de su ministerio, Bustinduy subrayó la prioridad de aprobar con celeridad la ley de Familias en el nuevo año, considerándola un paso crucial para saldar una deuda histórica en términos de financiamiento insuficiente. Haciendo hincapié en que el cuidado de la vida es un bien público esencial, el ministro aseguró el reconocimiento de todas las unidades familiares en la legislación, incluyendo las monoparentales y las LGTBIQ.

Más facilidades para la conciliación laboral

La futura normativa también aborda la conciliación, introduciendo un permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho, así como otro de cuatro días, también remunerado, por fuerza mayor, relacionada con motivos familiares urgentes e imprevisibles.

En cuanto a Consumo, Bustinduy estableció como objetivo la aprobación en 2024 de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, destinada a devolver a los ciudadanos la plena capacidad de ejercer sus derechos como clientes. Esta ley establecerá plazos máximos de espera de 15 días para la respuesta a reclamaciones y tres minutos para consultas telefónicas por parte de las empresas.

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