Adiós a las llamadas spam: el Gobierno aprueba una ley que obliga a las empresas a identificarse

El Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que regulará prácticas consideradas perjudiciales para los clientes, como las llamadas de spam o la renovación automática de las suscripciones a plataformas de streaming. La Ley establecerá unos parámetros mínimos de calidad que tendrán que cumplir todos los servicios de atención al cliente. La Ley aún debe pasar por el Senado para su aprobación definitiva.

Se prohibirá cobrar por llamar a números de atención al cliente y que los infuencers hagan publicidad de casas de apuestas. También se exigirá a los servicios de atención que respondan las llamadas antes de un minuto en el 90% de las ocasiones, y las empresas tendrán, como máximo, un mes para solucionar las quejas y reclamaciones de los usuarios.

En general, la norma se enfoca en los servicios telefónicos de atención al cliente de las grandes empresas, de donde se recibe el mayor número de quejas, debido, en gran parte, a las largas esperas y pérdidas de tiempo, sumadas a la poca eficacia de la atención al cliente a la hora de resolver alguna reclamación.

Las empresas también deberán identificar las llamadas comerciales con un prefijo, y las operadoras tendrán que bloquear todos los números de venta telefónica que no se identifiquen como tal. Aunque ya existen normas que prohíben las llamadas intrusivas, las empresas siempre encuentran nuevos argumentos para continuar molestando a los clientes: dicen que aceptaron cookies de tal página o que no han solicitado que borren sus datos de las bases.

La Ley también prohibirá las reseñas falsas en internet. Los dueños de bares, restaurantes, hoteles y otros tantos comercios podrán solicitar la eliminación de opiniones fraudulentas, siempre que se acredite que el usuario nunca ha visitado el establecimiento y que la reseña se escribió al menos 30 días después de haber acudido al local. Con esta medida, se persigue eliminar todas las opiniones falsas que perjudican la puntuación, y por lo tanto reputación en el siglo XXI, de los negocios.

Por otro lado, se exigirá a las empresas de venta de entradas a incluir, de inicio, el coste de los gastos de gestión. En muchas ocasiones el precio final de una entrada sube justo cuando se va a pagar, una práctica que la nueva legislación pretende regular. Si un cliente se equivoca al escribir su nombre al comprar una entrada online, no se le podrá cobrar un coste adicional por corregir el error ortográfico.

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