El impactante traslado de presos a la cárcel más grande de El Salvador

Desde hace ya un tiempo el presidente de El Salvador, Nayib Bueke, se marcó el objetivo de poner fin a las pandillas del país. Con la mirada puesta en dicho fin se inauguró recientemente la cárcel más grande del país y de Latinoamérica: el Centro del Confinamiento del Terrorismo. Allí han sido trasladados centenares de presos de las maras desde varias cárceles del país.

Las imágenes no dejan a uno indiferente: cámaras enfocando a decenas y decenas de hombres vestidos solos con ropa interior blanca camino de autobuses que les trasladarán a lo que será, según Bukele, “su nueva casa”. Un complejo a las afueras de la capital del país San Salvador, y que fue anunciada a bombo y platillo por el presidente.

El propio Bukele fue el encargado de compartir un vídeo del momento en sus redes sociales: en la madrugada, los integrantes de estas pandillas fueron sacados de sus celdas, esposados y obligados a caminar agachados hasta subir a los autobuses camino a la prisión de máxima seguridad. “En un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.

El vídeo comienza con los reos corriendo por los pasillos de las cárceles, con las manos sobre la nuca, sin camiseta y escuchando las órdenes de los carceleros. Uno tras otro van llegando a un pabellón y se colocan perfectamente alineados, formado filas uno sentado tras otro, siguiendo con las manos sus cabezas, todas ellas completamente rapadas y unos torsos llenos de tatuajes. Llega el momento de subir a los autobuses y, con las manos esposadas y a la espalda, van subiendo todos.

Como si de una megaproducción de Hollywood se tratara, cada instante del traslado queda captado por las cámaras: en las prisiones desde las que salen, el pabellón al que son llevados, los autobuses y hasta la carretera que conecta la ciudad con el nuevo centro de los prisioneros. Tomas desde el aire, planos cortos de los presos y, con la llegada de la luz del día, los rayos de sol iluminando este nuevo centro.

“Me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. No soy valiente a la par de los soldados, de los policías, a la par de los que arriesgan su vida día con día para traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, el crimen y la maldad”, asegura Bukele en un vídeo en el que ofrece un discurso a las fuerzas armadas del país que preside.

Un traslado lleno de críticas

Este movimiento de prisioneros a una cárcel de máxima seguridad, construida en apenas siete meses, ha generado diversas críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas tras decretar el Gobierno el estado de excepción en El Salvador como parte de la estrategia de seguridad. En los últimos meses se han capturado cerca de 60.000 pandilleros, pero también se acusa al Gobierno de violar los derechos humanos.

Según un informe de Human Rights Watch (HRW), se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se incluyen el hacinamiento extremo, la falta de garantías, detenciones masivas e incluso muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia HRW.

Reducción de muertes a cambio de beneficios

El traslado llega precisamente en un momento en el que una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos señala a dos altos funcionarios del Gobierno de haber negociado una reducción de las muertes a cambio de beneficios entre los años 2019 y 2021. Dicho documento, revelado recientemente por el Departamento de Justicia, indica que se negoció durante estos años para reducir los homicidios en el país, para así beneficiar la imagen pública del presidente Bukele.

“Este traslado tiene el propósito de intentar controlar la narrativa y de presentar una figura de mano dura”, apunta el subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier. Sobre la nueva prisión, asegura que “es un símbolo de las políticas de seguridad punitivas de Bukele que le van a permitir mantener sus índices altísimos de popularidad. Pero estas medidas, si no van acompañadas de buenas políticas que enfrenten problemas estructurales, no logran frenar los índices de violencia”, concluye.