Malas noticias de Hacienda para miles de españoles: los bancos deberán notificar gastos con tarjeta a partir de esta cantidad en 2026

Queda poco para que comience 2026. Un año cargado de novedades en lo referente al plano económico. Una de ellas tiene que ver con las entidades financieras y los pagos realizados con tarjeta por parte de los clientes.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha dado un paso más en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, e insta a las entidades financieras a notificar los gastos realizados con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. Lo ha hecho a través del Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, publicado en el BOE y que entrará en vigor el próximo año.

Una declaración que se deberá suministrar por vía electrónica, y que se refiere, según indica la propia normativa en su artículo 37, a todo tipo de cuentas, con independencia de la modalidad o denominación que adopten, y aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta en las mismas.

Información a proporcionar

La información a proporcionar al erario público comprenderá la identificación completa de las cuentas, datos identificativos de las personas o entidades que sean sus titulares, los saldos (tanto a 31 de diciembre, como el medio del último trimestre del año), así como los importes totales de los cargos y abonos del ejercicio.

Entre los datos identificativos, cabe destacar nombre y apellidos o razón social (personas jurídicas), número de identificación fiscal, país de residencia, y para personas físicas, la fecha de nacimiento. Sobre la identificación fiscal, se debe indicar número de pasaporte o DNI válido en su país de origen, y el país emisor de la documentación.

Créditos, préstamos y efectivo

También refleja el Decreto Ley los supuestos en los que hay obligación de informar sobre préstamos, créditos y movimientos de efectivo. En su artículo 38, expone que deberán hacerlo en dos casos.

Primero, en aquellos saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre para créditos y préstamos. Segundo, para las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento realizado en efectivo cuando su importe sea superior a 3.000 euros.

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