El lugar de España dónde es más cara el agua del grifo
El precio del agua varía enormemente entre ciudades españolas. Un estudio revela diferencias que triplican el coste entre varias localidades.
El agua potable debe ser asequible para todos, aunque su gestión plantea diversos problemas. Es un recurso esencial y limitado, cuyos costes de captación y tratamiento varían notablemente entre territorios. Para evitar desigualdades, se propone aplicar tarifas reducidas a los colectivos vulnerables, aunque estas ayudas siguen siendo irregulares y no se aplican en diez capitales de provincia.
El estudio comparativo analizó las tarifas de 54 ciudades (todas las capitales de provincia, además de Ceuta, Melilla, Vigo y Gijón) tomando como referencia un consumo anual de 150 metros cúbicos por hogar. El informe muestra que, allí donde existen bonificaciones, los requisitos son muy dispares y obligan a los usuarios a justificar su situación año tras año, dificultando el acceso a estas ayudas.
La investigación también detecta grandes diferencias en la estructura del recibo. Los costes fijos explican buena parte de la brecha entre ciudades. Mientras que en Melilla un hogar sin consumo puede pagar cero euros, en Barcelona, Orense u Oviedo se factura un mínimo anual aunque no se consuma agua.
Barcelona, la más cara
Barcelona encabeza la lista como el lugar de España donde el agua del grifo es más cara. Un hogar con un consumo de 150 metros cúbicos paga 516 euros anuales, una cifra que multiplica por 3,5 la factura de Orense, la ciudad más barata del estudio. Varias localidades andaluzas, así como Alicante, Murcia y Bilbao, superan también los 400 euros anuales, en un contexto en el que las tarifas han subido de media un 12 % respecto a 2023.
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Uno de los principales problemas señalados en el informe es el incumplimiento de la normativa que obliga a aplicar bonificaciones a los consumidores vulnerables. El Real Decreto 3/2023 exige que se utilicen los mismos criterios que el bono social eléctrico. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios reclama al Ministerio de Consumo que inste a los ayuntamientos a definir adecuadamente estos colectivos.
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