El Gobierno comprará un 10% de Telefónica: este es el acuerdo
El Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se convertirá en el mayor accionista de la operadora con una participación valorada en 2.500 millones de euros.
El Gobierno de España ha autorizado, durante el Consejo de Ministros de este martes, la compra del 10% de las acciones de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La adquisición de ese porcentaje de la multinacional española de telecomunicaciones convertirá al Ejecutivo en el mayor accionista de la operadora.
En caso de que se confirme la operación, el Gobierno volvería al capital de Telefónica 26 años después de su completa privatización. Tal y como está el mercado, la participación del Estado está valorada en alrededor de 2.500 millones de euros. “Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, ha señalado este tarde el Ejecutivo en un comunicado.
Además, el comunicado señala que: “Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”.
Valor y acciones de Telefónica
El valor bursátil del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete asciende actualmente a 20.500 millones de euros. Por lo que la compra del 10% de las acciones de la compañía rondaría los 2.500 millones de euros. La decisión del Gobierno llega tres meses después de que la empresa de telecomunicaciones saudí, STC Group, anunciara que había adquirido una participación del 9,9 %, mayor accionista por el momento, en Telefónica por un valor de 2.100 millones de euros.
Aparte de poseer el 10% de la compañía, el Estado podrá solicitar su presencia en el Consejo de Administración de la compañía, al igual que ocurre en el caso de otras compañías participadas. En su caso, podría reclamar hasta dos asientos.