El cambio en la Renta 2025 que queda en suspenso tras el nuevo decreto ómnibus: afecta a miles de españoles

A partir del 1 de enero de 2025, el límite para estar obligado a presentar la declaración de la Renta en España se iba a incrementar de 1.500 a 2.500 euros para aquellos con dos o más pagadores. Un cambio que buscaba aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos más bajos y simplificar la gestión tributaria.

No obstante, tras la caída del primer decreto ómnibus, esta medida no se ha aprobado. Sí que se salvaron en el pacto con Junts otras medidas de calado como la subida de las pensiones o la ayuda al transporte, pero aquellas relacionadas con cuestiones fiscales han quedado para más adelante.

Esta era una de las novedades del Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogaban determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

Se espera que la medida sea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en un posterior decreto que podría aprobar a lo largo de este mes. Otras medidas que también quedan pendientes son los cambios y prórrogas en reglas de cotización de autónomos y las deducciones fiscales para obras de mejora de eficiencia energética y compra de vehículos eléctricos, entre otras.

Los cambios para los autónomos

Para los trabajadores autónomos, el nuevo límite de 2.500 euros en la Renta no cambiaba directamente sus obligaciones de presentación de la renta, ya que desde el año 2023 todos los autónomos están obligados a presentarla si han estado dados de alta al menos un día en el año. Sin embargo, sí hay otros cambios importantes que afectarían a los autónomos en 2025 si finalmente se aprobase la medida:

Unos cambios que buscaban equilibrar las cargas según los ingresos reales y proporcionar un sistema más justo y adaptado a las circunstancias económicas de cada autónomo.

Además, la prórroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA significaría que, durante el año 2025, se mantendrían los mismos límites cuantitativos que estaban vigentes en 2024 para determinar si un contribuyente puede acogerse a estos regímenes.

En términos prácticos, esto implicaría que los agricultores, ganaderos y pescadores, así como otros pequeños empresarios que se benefician del régimen simplificado, podrían seguir utilizando estos regímenes especiales sin cambios en los umbrales de ingresos o volumen de operaciones. Esto proporciona continuidad y estabilidad para estos sectores, permitiéndoles planificar sus actividades fiscales con mayor certeza.

Desde una perspectiva económica, esta medida podría tener varios efectos, desde el alivio fiscal para los trabajadores con ingresos bajos: ya que al aumentar el umbral, se reduce la carga administrativa y fiscal para aquellos con ingresos más bajos y múltiples pagadores. Esto puede traducirse en un mayor poder adquisitivo para estos trabajadores.

La medida también buscaba simplificar las obligaciones fiscales, lo que puede resultar en una mayor eficiencia en la administración tributaria y una reducción de los costos asociados a la presentación de declaraciones. Y aunque la medida beneficiaría a los contribuyentes con menores ingresos, podría tener un impacto en la recaudación fiscal total.

Así, aunque podría haber una disminución inicial en la recaudación directa, los efectos indirectos y las mejoras en la eficiencia administrativa podrían equilibrar o incluso aumentar la recaudación total a largo plazo, con el aumento del consumo, por ejemplo.

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