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Ayuso entra en la ‘guerra del agua’

La presidenta madrileña señaló al Plan Hidrológico del Tajo como responsable de “reducir el agua” de la región. “Esto no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma”, dijo hace un año.

Alberto Ortega Europa Press

Aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de enero el Plan Hidrológico del Tajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, trajo consigo polémica por las comunidades autónomas implicadas en el mismo, entre ellas, la Comunidad de Madrid.

En este sentido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que está dispuesta a defender los intereses regionales frente a este decreto que regula el uso del agua del río. El año pasado ya se mostró crítica con el Gobierno de España por el nuevo Plan, que entró en vigor a principios del 2023, y en el que están implicadas otras comunidades españolas como Castilla-La Mancha, que capta el agua del Tajo, y otras como Murcia, que recibe su agua mediante el trasvase Tajo-Segura; además de Comunidad Valenciana y Andalucía.

El Plan Hidrológico del Tajo quiere reducir el agua de Madrid. Esto no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma. Nunca, dentro de una misma concesión, se ha pedido esta autorización previa y hay que tener en cuenta que Valmayor da de beber a 1,7 millones de madrileños, el 25 % de la población”, dijo Díaz Ayuso, que estudia la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. De este modo, hizo referencia al segundo embalse de la comunidad con mayor capacidad (Valmayor cuenta con 124,4 hectómetros cúbicos).

Por otro lado, según informa ‘El País’, desde el Canal Isabel II consideran que sus intereses se ven afectados debido al “mantenimiento del principio de supremacía del uso del agua para abastecimiento a poblaciones en todo momento”. El mencionado Canal licitó un contrato mediante el cual solicitaba servicios de asesoramiento jurídico y de asistencia, representación y defensa letrada n la impugnación parcial del Real Decreto. La duración de este contrato es de cuatro años y el importe de la licitación es de 69.454,00 euros.

¿Cuál es el origen del conflicto hidrológico y por qué se produce?

El origen de este conflicto viene por la aprobación de la última planificación hidrológica y las 12 cuencas de los ríos que son de su competencia. El Ministerio de Transición Ecológica presidido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, fijó un caudal ecológico mínimo con el objetivo de mantener el río Tajo en buenas condiciones, especialmente si se ve afectado por las consecuencias del cambio climático, debido a las exigencias de la legislación europea y cinco sentencias del Tribunal Supremo.

El choque viene motivado por la cantidad de caudal que debe mantener el río. Las aportaciones de agua en la cabecera del Tajo se han reducido en un 40% en los últimos años, según desvela el mencionado diario. Esta propuesta del ministerio provoca la limitación de la cantidad de agua que puede trasvasarse. Con este Real Decreto aprobado en enero, se establece en Aranjuez un caudal de 7 metros cúbicos por segundo hasta 2026, momento en el que subirá hasta los 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6.

Menor cantidad de agua trasvasada al Mediterráneo

Las cifras fijadas por el Ejecutivo en este Real Decreto supondrá una importante disminución del agua trasvasada al área del Mediterráneo usada principalmente para el regadío de cultivos y, en menor medida, al consumo doméstico. Para compensar ese descenso del agua trasvasada, el Gobierno central apuesta sustituir ese agua del río Tajo por agua desalada.

Los gobiernos del Partido Popular de Andalucía y Murcia, junto con el de coalición en la Comunidad Valenciana (PSOE-Compromìs) confirmaron su intención de recurrir al Tribunal Supremo dicho Real decreto, mientras que desde Castilla-La Mancha el gobierno presidido por Emiliano García-Page dio por bueno la nueva normativa al ver cumplidas sus exigencias.

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