Alberto Casero renuncia a su escaño como diputado del PP
Según trasladaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular, “esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria” y “antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor”.
El diputado del PP Alberto Casero ha renunciado a su acta de diputado para no dañar al partido antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación.
En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Poco después de conocerse esta decisión del Supremo, fuentes del PP anunciaron este mediodía que el propio Casero había solicitado de motu propio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido. Ahora, acaba de transmitir a Gamarra que renuncia al acta de diputado “para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido”. El PP ha señalado que “esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor”, han añadido las mismas fuentes.
Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Así las cosas, cabe esperar que el procedimiento —que se dirige contra Casero por presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos cuando era alcalde de Trujillo (Extremadura)— regrese a los juzgados de dicha localidad, donde se inició la investigación.
Contratos sospechosos concedidos durante su alcaldía
Casero declaró en junio ante el instructor del Supremo y afirmó haber cometido “irregularidades administrativas”, pero nunca un delito. Las explicaciones no convencieron al instructor y solicitó a la Sala de lo Penal que pidiera permiso al Congreso para actuar contra el parlamentario, decisión que se aprobó por unanimidad en la Cámara.
La investigación de esos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos se debe a la supuesta adjudicación de distintos contratos a dedo, que sumaron más de 100.000 euros, durante la alcaldía de Casero en Trujillo: el de un psicólogo, un convenio con la Cámara de Comercios de Perú, dos contratos con la Asociación Cultural Bon Vivant, otro con Ícaro Consultores y el último con Radio Interior S.L. para servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso.