El aluvión de suspensiones de rusos y bielorrusos en competiciones internacionales a causa de la invasión de Ucrania ha generado, inevitablemente, un debate sobre la justicia de la medida. ¿Merece un deportista pagar los excesos de sus dirigentes políticos? La pregunta no es nueva, porque ya se planteó recientemente con la propia Rusia, cuando hubo que decidir su destino después de demostrarse su dopaje de Estado. Entonces, para que no pagaran justos por pecadores, se optó por la opción de que los atletas limpios compitieran como neutrales, sin el himno ni la bandera nacionales. En esta ocasión se ha dado un paso más y se ha cerrado herméticamente la puerta, salvo en deportes concretos como el automovilismo, que sí permite la participación de pilotos en condición de independientes, como en el caso de Nikita Mazepin en la Fórmula 1. Esta neutralidad enmienda la posible injusticia que se puede cometer con deportistas ajenos al conflicto, pero, por otro lado, no logra el efecto de presión internacional que se busca contra la agresión rusa. Ahí está la dificultad del debate.

Las sanciones, que han llegado con las competiciones empezadas, también tienen damnificados colaterales. Un ejemplo claro lo protagoniza el ciclismo. Los corredores rusos que no militan en equipos de su país, como Vlasov o Sivakov, pueden competir sin problema; mientras que los no rusos que pertenecen a escuadras de esa nacionalidad, como Díaz Gallego en el Gaz­prom, se han quedado en la cuneta. También están los reajustes de clasificaciones, como ocurre en la Euroliga, que han beneficiado o perjudicado a terceros equipos por la anulación de resultados ya producidos, que es lo mismo que le puede suceder a la Selección de España de rugby y a su futuro mundialista, dependiendo del supuesto que se elija. En estos casos, y en otros similares, sí que parecen medidas injustas.