El bufete de abogados responde a Rivera sobre la indemnización de 500 días por año trabajado

Tras el batacazo que sufrió Ciudadanos en las elecciones de noviembre de 2019, Albert Rivera decidió apartarse de la política unos meses después y comenzar una nueva andadura como presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez-Echevarría. Sin embargo, la relación entre ambos no ha llegado a durar ni dos años, a pesar de que el contrato firmado por las dos partes estipulaba cinco años de extensión.

El motivo, según han declarado fuentes del bufete a El País, es que Albert Rivera no ha cumplido con las expectativas que generó su incorporación. Su fichaje buscaba un crecimiento de la cifra de negocios de la firma, que tan solo creció 200.000 euros durante el primer año de Rivera. De hecho, en los últimos meses sus niveles de productividad eran "preocupantes".

Ahora, el expolítico, junto con José Manuel Villegas, su mano derecha en la formación naranja y que entró con Rivera como vicepresidente ejecutivo en el despacho, reclaman a la firma un porcentaje del capital de la sociedad y unas variables por los ejercicios concluidos por "incumplimientos contractuales". Si los ex políticos deciden demandar, el bufete no intentará negociar un acuerdo con ellos, según el mismo diario.

Sin acuerdo "aunque consista en pagarle 1.000 euros"

Sin embargo, la intención de Rivera y Villegas de "forzarlos a llegar a un acuerdo" se les "ha vuelto en contra", porque la marca no va a "doblar la rodilla" al considerar que han "cumplido". Si llegan a juicio, se harán públicas todas las cláusulas estipuladas en el contrato de ambos. "No vamos a llegar a un acuerdo con él, aunque consista en pagarle 1.000 euros", aseguran desde el despacho.

Las pretensiones del ex líder de Ciudadanos eran recibir cerca de medio millón de euros, algo que desde la firma se toman como una pretensión "ofensiva", ya que consideran que "baja productividad" ha sido palpable, llegando a acudir algún mes solo dos horas a la oficina. El ex político, que durante su etapa en la formación naranja proponía un contrato único con 20 días por mes por despido procedente y 33 si era injustificado, reclama ahora 500 días de salario al bufete.