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Reforma de pensiones 2021: medidas y claves del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal

El Gobierno y los agentes sociales finalmente han llegado a un acuerdo para el futuro de las pensiones, que afectará a los pensionistas actuales como a los futuros.

As.com

Después de muchos tira y afloja entre Gobierno, patronas y sindicados, finalmente todas las partes han conseguido llegar a una acuerdo sobre el futuro más inmediato de las pensiones. Reviste, además, de gran importancia debido al alcance de su contenido, afectando a los principales parámetros del sistema actual, como el ámbito de aplicación (pensionistas actuales y futuros) y la dimensión política: supone la derogación de la reforma del año 2013, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pensiones en función del IPC

Una de las principales medidas que implica este nuevo acuerdo es la vuelta de la revalorización anual de las pensiones según los precios. Así, anualmente se actualizarán las pensiones de la misma forma que el IPC (índice de precios al consumidor) haya aumentado en el año natural anterior. Mientras, los años en los que baje no supondrá una bajada de la pensión, como tampoco será necesario compensarlos en los siguientes ejercicios fiscales.

Derogación del factor de sostenibilidad

Este sistema, diseñado en la reforma de las pensiones de 2013 y que entraría en vigor en 2023, supondría una bajada de las pensiones de los nuevos pensionistas en función de la subida de la esperanza de vida. No obstante, se derogará en cuanto entre en vigor, en enero de 2022, mientras que se trabajará en una nueva fórmula con la que apoyar la sostenibilidad del sistema (bajo el nombre de Mecanismo de Equidad Intergeneracional). Su entrada en vigor será en el año 2027.

Aumentar la edad de jubilación

En el acuerdo al que han llegado todas las partes implicadas se incluyen varias medidas que buscan el aumento de la edad de jubilación real sin que esto suponga una subida de la edad de jubilación legal: se busca una jubilación más tardía, aunque sin que nos obliguen. Para ello, hay tres cambios principales.

  • Cambios en los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada voluntaria (hasta dos años antes de la edad legal): se aumentan las penalizaciones para los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes, mientras que se rebajan para el resto de posibilidades previas. El objetivo es que quienes se jubilan de forma anticipada retrasen unos meses esta decisión para tener una pensión mejor. Por otra parte, se mejoran las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria.
  • Incentivos para retrasar la jubilación: mediante una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que puede llegar a los 12.060 euros) por cada año que el trabajador decida retrasar su jubilación más allá de la edad legal.
  • Limitación de las jubilaciones forzosas: de forma general, se prohíben antes de los 68 años y solo se permiten en sectores con baja presencia femenina, en los que la salida del trabajador implica la contratación de una mujer, siempre que el trabajador retirado tenga derecho al 100% de su pensión por su larga carrera.

Por otro lado, se sigue con el proceso de remisión al Estado de gastos que la Seguridad Social venía asumiendo de forma impropia: este año, en los Presupuestos Generales del Estado, se asumieron 14.000 millones de este tipo de gastos, una cantidad a la que ahora se le suman 8.000 millones anuales. Con esta medida se busca apuntalar la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Medidas para el futuro

En los próximos meses se acometerán también una serie de medidas, además del ya mencionado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Entre ellos, el sistema de cotización de los becarios (en tres meses), la homologación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de las casadas (en seis meses) y la mejora en la protección de los cuidadores no profesionales (en seis meses).

Igualmente, para más adelante quedan el nuevo sistema de cotización de autónomos según sus ingresos reales, cambios en los periodos de cómputo de las carreras profesionales para determinar la cuantía de la pensión y cambios en éstas y en las bases máximas.

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